Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

Delgado controla la cúpula de la Fiscalía con 16 nombramientos afines en dos años

Ha roto el equilibrio en la Junta de Fiscales de Sala tras copar plazas clave con miembros de su antigua asociación

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado martes que anula por falta de motivación un nombramiento de Dolores Delgado en la primera categoría de fiscales es, probablemente, el varapalo más importante que ha sufrido la fiscal general desde que accedió al cargo en febrero de 2020, un mes después de dejar la cartera como ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de junio de 2018. Más allá de las polémicas en las que se ha visto envuelta la antigua fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, ya sea por acción u omisión, la resolución de la Sala Tercera del alto tribunal -responsable de controlar la acción administrativa del Gobierno- supone una censura velada a la política de designaciones discrecionales que está llevando a cabo Delgado en estos dos últimos años.

Se trata de un periodo marcado por la elección de compañeros afines en plazas clave con categoría de fiscal de Sala -la primera de la carrera, que cuenta con unos 2.500 profesionales-. Delgado, miembro relevante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hasta que fue nombrada ministra de Justicia -una circunstancia que le llevó a dejar la asociación por incompatibilidad-, ha roto de forma abrupta el equilibrio asociativo que tradicionalmente se daba en la cúpula fiscal. Una estrategia que ya operó durante el mandato de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Los datos son elocuentes. Antes de tomar posesión Delgado, de los 31 fiscales de Sala 12 pertenecían a la progresista UPF, nueve eran de la Asociación de Fiscales (AF), enmarcada en el sector conservador y mayoritaria en la carrera, y diez no estaban asociados. Dos años y un mes después, el número de fiscales de primera categoría ha aumentado a 33 al crearse dos nuevas unidades especializadas, de los cuales 16 forman parte del colectivo al que perteneció Delgado, ocho son no asociados, siete pertenecen a la AF y dos más son antiguos miembros de la UPF que se marcharon por discrepancias con la línea del colectivo. Este fue el caso de Pedro Crespo, máximo responsable de la Fiscalía del Tribunal Constitucional.

De los 33 puestos de primera categoría, más de la mitad pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales

Así las cosas, los fiscales de la UPF dominan en la actualidad la mitad de los puestos más relevantes del Ministerio Público, con consideración de presidentes de Sala y que asiste a la fiscal general en materia doctrinal y técnica, formación de unidad de criterio, resolución de consultas o proyectos e informes.

Asimismo, de los 27 nombramientos que ha realizado Delgado de forma discrecional tras escuchar al Consejo Fiscal –órgano asesor compuestos por nueve vocales, cuatro de los cuales son de la progresista UPF y cinco de la conservadora AF–, una gran mayoría, 16, son del colectivo al que está vinculada la fiscal general, casi el 66% del total, quienes ocupan su plaza durante los próximos cinco años. De forma previa, para llegar a fiscal de Sala Delgado ha promocionado a 14 compañeros que estaban en escalafones medios, 11 de ellos de la UPF.

El factor Esteban

Con este balance, no es casual que la decisión del Supremo de anular una de estas designaciones por falta de motivación –la del coordinador de la Unidad de Menores Eduardo Esteban, antiguo jefe de la Fiscalía de Madrid y miembro activo de la UPF– haya sido recibida como una victoria por los recurrentes: tanto desde la AF, presidida por Cristina Dexeus, como por el fiscal José Miguel de la Rosa, afectado por la designación de Esteban pese a tener un mejor puesto en el escalafón (ya era fiscal de Sala) y una amplia experiencia en el área de menores.

Además de la polémica designación de Eduardo Esteban, que ahora deberá razonar Delgado por orden del Supremo, en la lista de elegidos destacan María Ángeles Sánchez Conde, propuesta en marzo de 2021 para la Fiscalía del Supremo (orden penal) y que en enero pasado asumió el cargo de teniente fiscal del alto tribunal –número uno de la carrera– tras el fallecimiento de Juan Ignacio Campos, conocido por dirigir las diligencias abiertas al rey emérito. También Teresa Peramato, coordinadora de Violencia sobre la Mujer tras pasar por el Constitucional y expresidenta de la UPF, así como Félix Pantoja, en la jefatura de siniestralidad laboral, y María José Segarra, anterior fiscal general con el actual Gobierno, como coordinadora de personas con discapacidad y mayores.

De forma previa, Delgado eligió como su mano derecha en la Fiscalía General a Álvaro García Ortiz responsable de la Secretaría Técnica, a quien ascendió a fiscal de Sala en marzo de 2020 tras presidir la UPF entre 2013 y 2017. Y para un puesto clave en el Ministerio Público, la Inspección Fiscal, a María Ángeles Sanz Gaite, a quien también promociona en mayo de 2021 a la primer categoría de la carrera.

En definitiva, este movimiento de piezas afines en la cúpula del Ministerio Púbico se ha sucedido mientras Delgado sorteaba piedras por el camino. Algunos por acción -las diferencias con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa por su no renovación y tras instruir el 'caso Villarejo' o el cruce de reproches con la Fiscalía Europeo por el 'caso Ayuso- y otras por omisión, caso de la enmienda introducida por el PSOE en la Ley Concursal para darle categoría de fiscal del Sala del Supremo a Delgado cuando deje su cargo. Una suerte de blindaje que ha sido criticado por casi todos los grupos parlamentarios.