Trevijano considera un «fracaso» el uso del Constitucional en la «refriega política» en su despedida

En un largo y reflexivo discurso tras permanecer 14 meses en el cargo, el magistrado advirtió a los partidos con representación parlamentaria que «blandir la Constitución frente a otro implica siempre un forma de fracaso, en tanto revela la carencia del pacto social y constituyente que subyace a su génesis y desarrollo».

González-Trevijano afirmó que tanto ciudadanos como «poderes públicos» solo deben acudir al TC «tras agotar todas las vías de solución, no como instrumento de la refriega política o de indefinidas instancias judiciales». A este respecto, enfatizó que la corte de garantías «no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística en la que se diriman con habitualidad creciente conflictos de última instancia esencialmente políticos».

Entre menciones filosóficas, jurídicas e históricas, el presidente saliente abundó que la Carta Magna «no impone un modelo uniforme de vida política o de convivencia, pero al mismo sí hay un límite infranqueable que la jurisdicción constitucional ha de prevenir, y que se produce cuando se vulneran los principios democráticos, los derechos fundamentales y no se satisface el marco de los procedimientos de reforma», dijo en referencia implícita a la tensión que ha vivido el máximo intérprete de la Constitución con el cambio legal que promovió el Gobierno para acelerar su renovación (las enmiendas fueron suspendidas tras un recurso de amparo del PP).

En este sentido, incidió en las consecuencias constitucionales de legislar a golpe de decretos-ley, un mala praxis que se perpetúa «desde hace ya varias legislaturas». «Esta malhadada hipertrofia que violenta el sistema de fuentes, afecta a los derechos de las minorías y atenta contra a centralidad del Parlamento», denunció.

No compartió Gozález-Trevijano tampoco la «falsaria dicotomía» entre jueces conservadores y progresistas y criticó las «injustificadas recusaciones en cascada carentes de toda sustantividad, con el objetivo de obstaculizar el funcionamiento del tribunal y de alterar fraudulentamente su composición». Una mención que recordó a las peticiones de PSOE y Unidas Podemos para que se apartara del debate del citado recurso del PP.

Por último, hizo una defensa de la soberanía nacional ante la audiencia independentista -«en España solo hay una soberanía, la del pueblo español»- y recordó al legislador que, pese a esta renovación, el TC permanece incompleto porque falta por cubrir «a la mayor brevedad» la plaza que dejó vacante el magistrado Alfredo Montoya debido a una enfermedad. «El exhorto que realizo parte de una exigencia constitucional», aseguró.

Al acto solemne acudieron numerosas autoridades del ámbito político, jurídico y académico, entre otras, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el del Senado, Ander Gil; el presidente del CGPJ por sustitución, Rafael Mozo, o el del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán; también ministros como Margarita Robles o los presidentes de Cantabria y Extremadura.

Al concluir la toma de posesión de los nuevos magistrados, el presidente del Senado reprobó las críticas que manifestó González-Trevijano y no aplaudió sus palabras como gesto de rechazo a la «deriva» a la que ha llevado al órgano jurisdiccional, ya que su discurso estuvo «fuera de lugar en un presidente cesante», según apuntaron fuentes de su entorno.

Los cuatro nuevos magistrados fueron designados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ax alto cargo de Moncloa Laura Díez; y los otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): los magistrados del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano y César Tolosa.

Todos ellos ya juraron o prometieron su cargo ante el Rey el 31 de diciembre, después de que el Pleno del TC diera su aprobación tras comprobar que cumplían los requisitos legales para el puesto.

Con la entrada de estos magistrados se produce un cambio en el equilibrio de fuerzas en la corte de garantías, ya que pasará de una mayoría conservadora, de seis miembros frente a cinco, a una progresista más amplia: de siete a cuatro. Se da la circunstancia de que dos de los magistrados salientes, Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, ostentaban la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente, por lo que habrá que elegir a los nuevos titulares de estos cargos.

Tras la salida de González-Trevijano, el magistrado de mayor antigüedad, Ricardo Enríquez, asumió este lunes de forma interina las funciones de presidente y convocó un Pleno este miércoles a las 13:00 horas donde se votará a los dos cargos.

Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido para presidir el Constitucional son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista. La votación será secreta y requerirá mayoría absoluta, pero si no hubiera acuerdo se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple. En caso de empate se hará una última votación y, de persistir las tablas, se propondrá para el cargo al magistrado de mayor antigüedad: el citado Ricardo Enríquez, del bloque conservador. Una posibilidad no obstante que parece remota.