García-Castaño llega a declarar a la Audiencia Nacional. / EFE

Un comisario declara que Interior autorizó las actividades privadas de Villarejo

García Castaño explica al tribunal que los políticos «crearon el monstruo», que él tuvo hasta «cuatro 'villarejos'» y niega pagos por revelar bases de datos

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madridque el

El comisario Enrique García Castaño, ya jubilado, lideró una unidad dedicada a facilitar material e información sensible a operativos abiertos sobre el terreno. Asuntos relevantes de terrorismo, crimen organizado o contrainteligencia. El oficial tenía acceso a todo tipo de elementos técnicos para reforzar las investigaciones y capacidad para revisar bases de datos policiales.

Su relevancia dentro del organigrama de la Policía saltó por los aires cuando estalló la 'operación Tándem' en noviembre de 2017. Hasta el punto que sus reconocidos servicios quedaron comprometidos cuando la unidad de Asuntos Internos - Policía Judicial en esta causa- le implicó directamente en las lucrativas actividades privadas de su colega José Manuel Villarejo. Tanto en la presunta revelación de secretos como en los cobros por facilitar estos servicios parapoliciales a clientes particulares.

Unas acusaciones que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, quien reclama 87 años de cárcel al oficial por dos de las tres piezas separadas de la macrocausa que juzga la Audiencia Nacional.

Pese a que García Castaño, conocido como 'el Gordo', ha buscado colaborar con la Justicia, este jueves se afanó en defender su inocencia en su declaración. Al menos en lo que concierne a su documentado nexo con Villarejo. Declaró que el también comisario jubilado es «un monstruo que han creado los políticos». La razón, explicó, es que tenía autorización de la cúpula policial y del Ministerio del Interior para construir una estructura empresarial, alrededor de su mercantil Cenyt, y usarla como «tapadera» de sus servicios privados. «Facturaba y pagaba con IVA. Yo he visto a secretarios de Estado de Seguridad darle instrucciones para usar sus empresas», detalló a preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Serrano.

El uniformado aseveró que desde que Villarejo reingresó en la Policía en 1994 «toda la corporación sabía perfectamente qué hacía». De hecho, afirmó que esta «es la forma de trabajar» en inteligencia. «He tenido a cuatro 'villarejos' en mi unidad», reveló García Castaño para detallar que eran policías «que estaban en activo, tenían su empresa y sus negocios y facturaban porque eran su tapadera y estaban perfectamente autorizados».

El acusado declaró que «en su vida» ha recibido dinero en efectivo por parte de Villarejo, es decir, negó el cohecho, y añadió que la información sensible que le trasladaba, procedente de bases de datos policiales, la consultaba antes con su jefe superior, el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino.

No obstante, se desentendió de cualquier búsqueda de información vinculada a Balder, el despacho de abogados al que Cenyt investigó por orden de Herrero&Asociados, otro bufete que contrató a Villarejo en 2013 para averiguar si la competencia le estaba espiando. «Me enteré de que existía Balder cuando se abrió este sumario», aseveró el acusado para desmarcarse también de este proyecto que ahora se juzga.