El ciclo electoral pasa, pero la legislatura no carbura

El PSOE salvó los muebles el 9-J en parte porque el PP perdió contra sus propias expectativas, pero lo hizo a costa de debilitar al conjunto de la coalición gubernativa, como evidenció la dimisión, el mismo lunes, de Yolanda Díaz de sus cargos orgánicos ante los malos resultados de Sumar. Y la gobernabilidad en Cataluña, clave para el devenir de la legislatura, sigue sin despejarse.

En un intento de retomar la iniciativa política, el jefe del Ejecutivo anunció este miércoles que antes del verano presentará ante el Congreso el paquete de medidas de «regeneración democrática», la idea con la que trató de paliar el desconcierto generado entre propios y extraños por su encierro de cinco días en el Palacio de la Moncloa bajo amenaza de dimisión por la apertura de diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez.

También aseguró que si el PP no se aviene a un acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe este mes presentará una propuesta de reforma legislativa que acabe con un bloqueo que dura ya más de cinco años.

Sánchez no ofreció grandes detalles sobre ninguno de los dos planes, más allá de que planteará una 'ley antibulos' en consonancia con el reglamento europeo sobre medios de comunicación aprobado hace dos meses y de obligado cumplimiento en toda la UE. La norma busca, entre otras cosas, aumentar la transparencia en torno a la propiedad de las empresas mediáticas y la publicidad institucional. En cuanto al CGPJ, se limitó a avanzar que se abre a modificar la capacidad del Consejo para nombrar magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, pero ni siquiera aclaró en quién pretende hacer recaer esa función.

La voluntad de reactivar la legislatura choca, en todo caso, contra la realidad de una mayoría parlamentaria a favor del Gobierno que no es sino la suma agregada de intereses individuales. Transformar esas propuestas en leyes exigirá una comunión que hasta ahora solo ha permitido aprobar tres reales decretos leyes (el último, este jueves, para prorrogar la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, obtuvo también el apoyo de PP y Vox), la ley de enseñanzas artísticas y la controvertida ley de amnistía, cuya aplicación por parte de los jueces también amaga con complicar las cosas al Ejecutivo con sus socios.

El PSOE ha perdido a lo largo de estos meses votaciones importantes, como la de la reforma del subsidio de desempleo, a la que se opuso Podemos; ha tenido que retirar el proyecto de ley del Suelo, que ni siquiera Sumar respaldaba; y ha llegado a votar a favor de proposiciones de ley del PP que contaban con apoyo de sus aliados para diluir su derrota. Lo hizo con una iniciativa crítica con la unilateralidad del Gobierno en política exterior y, esta semana, con una reforma del Código Penal para tener en cuenta los antecedentes por delitos leves en caso de multirreincidencia.

También esta semana Junts ha vuelto a dejar constancia en la Cámara baja de que no bajará la presión. Después de haber logrado presidir el Parlament con el apoyo de ERC y los votos a distancia de Carles Puigdemont y Lluís Puig (en contra de las sentencias del Constitucional), obligó a los socialistas a aceptar lo que llamó la 'enmienda Cataluña' para respaldar la tramitación de una Oficina de Autor que proteja la propiedad intelectual. En qué consiste exactamente no está claro, pero la formación lo resume así: «Las leyes que no respeten las competencias de Cataluña no pasarán».

Los de Puigdemont están jugando fuerte por la repetición electoral. En el PSC creen que la maniobra del secesionismo para garantizarse una Mesa a la que han puesto el apelativo de «antirrepresiva» no prejuzga cuál será la posición de Esquerra en la investidura y confían todavía en poder forjar una entente con los de Oriol Junqueras y En Comú. Creen que la idea de unas nuevas elecciones, que podrían reafirmar su caída del 12 de mayo, será suficientemente disuasoria. Pero ERC no está en su mejor momento para tomar decisiones, como se vio el jueves con la suspensión de la votación en la que las bases de Barcelona tenían que decidir si apoyaban un acuerdo para entrar en el Gobierno del socialista Jaume Collboni.

Unos comicios en Cataluña, a la vuelta del verano, harán muy complicado a Sánchez la aprobación de los Presupuestos de 2025 después de haber prorrogado los del año pasado precisamente por el adelanto electoral que precipitó el Govern de Esquerra. El PNV, desgastado también en las urnas en su pugna con Bildu, ha aventurado esta semana un postrero giro de guion por el que el presidente podría hacer coincidir unas nuevas catalanas con unas generales anticipadas.