Diferentes armas depositadas en un armario de la Audiencia Nacional. / r. c.

Las armas perdidas de la Audiencia Nacional

Una habitación del tribunal sirvió durante años de improvisado depósito del arsenal incautado a ETA y los Grapo destruido el pasado jueves

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Era una vitrina expositora con las patas de madera de caoba. En su interior, cerrada con llave, se exhibían las armas de toda una época criminal. De los años de plomo de ETA; un asesinato cada cuatro días a principios de la década de los ochenta. La mesa llamaba la atención a los presentes cuando el tribunal examinaba las llamadas piezas de convicción durante la vista oral. Tras ella, en un habitáculo acristalado, se sentaban los terroristas detenidos. Pertenecían a los comandos Motrico, Donibane, Pepe Barrios o Andalucía. 'Taldes' especialmente activos y particularmente sangrientos.

Los funcionarios de la Audiencia Nacional situaban la vitrina delante del estrado como un elemento más del acto de enjuiciamiento. Con el paso de los años, a partir de la década del 2000, la muestra probatoria de rifles, subfusiles, escopetas, revólveres o pistolas empleados por los criminales acabó siendo sustituida por los informes periciales de balística forense. La vintage 'mesa del terror' pasó a mejor vida, pero otro problema se cernía: la ingente acumulación de este depósito de armas en la antigua sede del tribunal.

El alto cargo policial de la Audiencia Nacional llevaba apenas un año en el puesto tras una brillante carrera. Tenía mucho interés por los juicios sobre terrorismo. Acudía como público, y también a él le cautivaba la exposición de la citada vitrina. Un día, en una vista más contra un comando etarra, le preguntó de forma inocente a un compañero de la Policía Judicial cuál era el destino de esas armas.

-«Imagino que se las llevará la Guardia Civil, ¿verdad?», inquirió.

- «No, qué va, jefe, las tenemos aquí», respondió el agente.

-«¡Aquí...pero dónde!», exclamó aquél.

-«En un cuarto de la sexta planta», le reveló el subordinado.

-«Pues subamos ya», zanjó el mando policial.

El cuarto no levantaba sospechas salvo que la puerta tenía una «buena» cerradura blindada. Enfrente estaba el despacho del juez Alfonso Guevara. «Al abrirla se me cayeron los huevos al suelo», rememora gráficamente este policía. «Pistolas apiladas, revólveres, fusiles, granadas, cientos, qué digo, miles de cartuchos... Bolígrafos pistola, bombas con espoleta, dispositivo de retardos de artefactos. Vamos, un auténtico arsenal», describe como si lo estuviera visionando de nuevo.

Muchas de estas armas venían de la época de la transición del Tribunal del Orden Público (TOP) a la Audiencia Nacional, a finales de los años setenta. Cada artefacto estaba referenciado con un número de procedimiento. Pero la explicación de este peligroso descontrol en aquella habitación de 15 metros cuadrados era simplemente práctica: para que los juzgados y tribunales tuvieran a mano las piezas de convicción para sus sumarios. Así funcionaron durante cerca de 30 años.

Un trabajo minucioso

La primera decisión del jefe fue encargar a sus funcionarios fotografiar las armas y crear un archivo informático. Una a una hasta las más de 1.400 depositadas en el cuarto. Tardaron dos semanas. Luego las clasificaron por tipología, marca, calibre y, en último lugar, cotejaron las referencias judiciales que llevaban en una etiqueta: número de serie y procedimiento penal asignado. En algunos casos la única indicación que se tenía es que procedían del expurgo y que al desaparecer el TOP y crearse la Audiencia Nacional se llevaron allí.

En suma, se trató de una tarea minuciosa sin alterar la cadena de custodia, que obligó a repartir el arsenal por varias dependencias del tribunal para su catalogación. Los funcionarios de la Policía Judicial trabajaron con especial cuidado en la manipulación de los cartuchos. «Tardamos entre tres y cuatro meses. Cuando concluimos se dio parte a la Policía Científica, que hizo un examen del material clasificado con la autorización judicial», relata el cargo policial.

La Sección de Balística Forense de esta unidad se quedó con 112 armas para su examen. Había indicios de su potencial vinculación con otros casos de terrorismo abiertos o sin resolver (se estima que entre 150 y 300). También se salvaron otras pruebas de convicción como tres lanzagranadas, uno de ellos de ETA, y un emisor de radio frecuencia para explosiones a distancia. Eran del periodo comprendido entre 1977 y 2005. Mientras que el resto, una vez comprobada la finalización de su recorrido judicial, fue trasladado en dos furgones al centro de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, en Madrid.

Era agosto de 2012 y había cierta urgencia, además, en sacar de allí el arsenal ante el inminente traslado temporal de la sede del tribunal por unas reformas. El trámite fue autorizado por la presidencia de la Sala de lo Penal, encabezada por el hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, y se mandó una copia a cada órgano judicial por si tuvieran que consultar el nuevo fichero informático en algún momento.

El armamento ha permanecido ocho años y medio en estas dependencias de la Guardia Civil. Y en septiembre de 2016 la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional autorizó su destrucción y/o achatarramiento. En total, 1.402 armas de una docena de comandos.

El acto simbólico del pasado jueves en el colegio de guardias civiles de Valdemoro (Madrid) fue el punto final de este arsenal (el 90% era de ETA y el resto de los Grapo). Una apisonadora pasó por encima del material de toda una época criminal, que había estado depositado durante años en una habitación perdida del tribunal central. Su último destino fue una nave de fundición.