Aragonès. / Efe

Aragonès decreta reuniones del Govern sin móviles para evitar ser espiados

La Generalitat advierte al Gobierno de que las relaciones aún no están normalizadas

CRISTIAN REINO Barcelona

Los miembros del Govern catalán se han reunido este martes en el consejo ejecutivo semanal y han acudido a la cita sin móviles ni dispositivos electrónicos. El presidente de la Generalitat ha decretado entre los consejeros de su gabinete la prohibición de llevar teléfonos a la cita de los martes en el Palau de la Generalitat. Lo ha decido por «seguridad», para evitar ser espiados, como le ocurrió al presidente de la Generalitat entre 2019 y 2020, siendo vicepresidente, en que su teléfono fue intervenido por el CNI por el programa Pegasus.

Los móviles están vetados en la reunión del Govern por «miedo» a ser espiados y porque aún no tienen las garantías de que no pueden volver a ser espiados, según ha señalado este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. Aragonès también ha adoptado esta decisión para evitar distracciones por parte de los consejeros y para que no estén toda la reunión, de unas dos horas, pendientes de los teléfonos. «No somos un caso excepcional, no es muy extraño», ha señalado Plaja.

El Govern insiste en denunciar la cuestión del espionaje a tres días de la reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El asunto no forma parte del orden del día pero estará sobre la mesa, según la portavoz gubernamental. La Generalitat ha advertido al Gobierno de que las relaciones no están aún normalizadas ni cerca de estarlo. Las expectativas no son altas porque ahora mismo las relaciones de confianza están muy mermadas, ha afirmado Plaja.

Aun así, el Ejecutivo catalán exige resultados concretos del encuentro. Sobre todo en materia de desjudicialización. Uno de los puntos que está en debate es una posible reforma del delito de sedición. El Govern ha señalado que la propuesta que llevará Aragonès es la amnistía pero que si el Gobierno tiene alguna propuesta que la ponga sobre la mesa. Los dos presidentes abordarán también las garantías para poder avanzar en la vía del diálogo. En este sentido, este martes ha habido gestos hacia ERC. La Fiscalía ha cambiado su criterio y se ha posicionado en una vista en el Tribunal de Cuentas a favor de admitir el aval presentado por el Institut Català de Finances (ICF) para devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de excargos del Govern.