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Raquel Blanco, Directora Global de Smart Mobility de Iberdrola

COCHE ELÉCTRICO

Se tarda entre 20 y 30 meses en conseguir los permisos para puntos de recarga

J. BACORELLE Madrid

El proceso de electrificación de la automoción en España podría avanzar a más velocidad, pero los retrasos en la tramitación de los permisos para instalar puntos de recarga públicos están provocando que esta infraestructura crezca de forma muy lenta.

Así se puso de manifiesto durante el VII Foro Nissan, en el que expertos han analizado la actualidad y el futuro de la movilidad eléctrica.

En este evento Raquel Blanco, Directora Global de Smart Mobility de Iberdrola, destacó el «compromiso de todas las administraciones con la movilidad sostenible», pero pidió «agilizar la tramitación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. En su tramitación intervienen las tres administraciones y se tarda entre 20 y 30 meses en conseguir los permisos. Iberdrola tiene, ahora mismo, más de 2.000 puntos de recarga en tramitación que ya podrían estar operativos». Además de por su propia utilidad, el aumento de los puntos de recarga producirá un efecto llamada hacia el coche eléctrico, porque «el simple hecho de que los puntos sean visibles hace que la gente se plantee la compra de un eléctrico».

La Directora Global de Smart Mobility de Iberdrola tiene el objetivo de «liderar el desarrollo de la recarga pública, eliminar esas barreras al usuario. Hemos aprobado un plan de 150 millones de euros de inversión para poner en marcha 150.000 puntos de recarga, con más de 2.500 puntos públicos, para que el hábito sea similar al de ir a una gasolinera, porque en las estaciones de recarga rápida se puede recargar energía para hacer 100 kilómetros en solo cinco minutos. Pensamos que el eléctrico es para ciudad, pero también sirve para los desplazamientos interurbanos con una buena infraestructura de recarga».

Para Borja Carabante, Delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, es vital el «despliegue de la infraestructura por parte de los actores públicos y privados. La administración pública debe desplegarla y ayudar a ello, subvencionándola y no poniendo obstáculos». También demanda «unificación en la legislación, para que en todas las comunidades sea igual de sencillo desplegar la infraestructura» y «predicar con el ejemplo y que los vehículos de servicio público sean eléctricos, para que el usuario vea que la movilidad eléctrica está ahí y crea más en ella».

También se destacó que otro elemento que ayudará a la popularización de los eléctricos es su bajo coste de uso. «la electricidad llega a todos sitios y podemos recargar nuestro coche en casa por un precio muy económico. Hay tarifas nocturnas, como la de Iberdrola para la recarga de vehículos eléctricos, con un coste de 50 céntimos para hacer 100 kilómetros. Y en los puestos de recarga rápida públicos el coste es de 6-7 euros para esa distancia, un precio competitivo respecto a los combustibles derivados del petróleo».

Borja Carabante apunta que «en cuatro años, un usuario ya ha amortizado la diferencia de precio de compra entre un eléctrico y un coche de combustión. Un eléctrico supone un ahorro de 2.000 a 4.500 euros al año respecto a un vehículo de combustión, dependiendo del uso. Los eléctricos todavía cuestan más porque sus tecnologías son más avanzadas y los materiales usados, más escasos. Pero poco a poco se va reduciendo esa diferencia para equipararse al térmico».

Carabante también quiso destacar otra de las ventajas de los coches eléctricos, que son «una pequeña célula de energía que se mueve y puede ayudar a la red eléctrica. En el estadio del Ajax, en Ámsterdam, hay más de 150 baterías antiguas del Leaf para regular los picos de consumo eléctrico. En Melilla, por poner otro ejemplo, hay instaladas 80 baterías que actúan generadores de emergencia por si hay una avería».