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Salvador Arroyo
Corresponsal en Bruselas
Jueves, 11 de noviembre 2021, 16:44
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De la guerra política a la económica. Del golpe a esa gran debilidad de la UE, la ausencia de una estrategia migratoria común, a la amenaza de varear otro de sus flancos más endebles: la dependencia del gas. La insinuación de Alexánder Lukashenko de que podría cortar el suministro de este recurso esencial a los países vecinos si el bloque endurece sus sanciones contra el régimen suena, de momento, a bravuconada en Bruselas. «No vamos a dejarnos intimidar», aseguraba la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, cuando aún estaba caliente el nuevo intento de coacción de Minsk.
Apenas unos minutos antes el responsable Económico del Ejecutivo comunitario, Paolo Gentiloni, lo había dejado claro utilizando exactamente la misma frase. Dos ruedas de prensa consecutivas en el mismo escenario, igual mensaje contundente y alguna puntualización más que no cambiaba el fondo de la posición europea. La portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, por ejemplo, llamaba a «no utilizar este recurso fundamental en luchas geopolíticas, al igual que no se debería usar a seres humanos como armas ante luchas geopolíticas».
La cuestión es que Bruselas, que se ha metido de lleno también en el debate de la financiación de muros y alambradas, continúa con su hoja de ruta y prevé concretar nuevas sanciones contra el régimen de la ex república soviética en el consejo de ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará la próxima semana. A priori se percibe como poco probable que Lukashenko cierre la llave del gasoducto Yamal-Europa, que transporta a través de Bielorrusia combustible desde Rusia.
La infraestructura es propiedad del gigante Gazprom y, en consecuencia, una maniobra de cierre de este calado tendría que tener la autorización final del Kremlin, lo que le expondría aún más ante las acusaciones de Varsovia de estar dando cobertura a ese «ataque híbrido» que ha llevado a cientos de migrantes a encontrarse atrapados ante la frontera de Polonia. Y que ha llevado a Varsovia a cursar una petición formal de despliegue de la Europol, que Bruselas le pedía desde hace semanas. El paso lo da justo cuando arrecian sobre su Gobierno acusaciones de supuestas devoluciones en caliente o se redoblan las críticas por el veto a la entrada de ONG y el férreo control informativo al no permitir el acceso a los periodistas. De momento no se concreta ni el número de personas del Centro sobre Tráfico de Migrantes de Europol que acudirán ni tampoco cuándo comenzarán a realizar el trabajo de supervisión y apoyo.
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