Una Fiscalía promete mano dura en Venezuela

12/08/2017

El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, nombrado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tras remover a Luisa Ortega Díaz, reabrirá las investigaciones hechas por su predecesora sobre la violencia en las manifestaciones e iniciará casos nuevos que, aseguró, fueron omitidos durante la gestión anterior.

La Fiscalía de Venezuela anunció que aplicará mano dura para traer justicia en medio de la crisis, así como una purga interna de este organismo, que desde hace una semana cuenta con un jefe fiel a la llamada revolución bolivariana.

El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, nombrado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tras remover a Luisa Ortega Díaz, reabrirá las investigaciones hechas por su predecesora sobre la violencia en las manifestaciones e iniciará casos nuevos que, aseguró, fueron omitidos durante la gestión anterior.

Adelantó que emprenderá "investigaciones penales que no fueron abiertas en su momento oportuno" en materia de "daños ambientales" por la tala de árboles en el contexto de las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales que sacudieron el país durante cuatro meses y dejaron más de 120 muertos.

Se abrirán investigaciones sobre "la aberrante utilización de niños, niñas y adolescentes" en las manifestaciones convocadas por la oposición, añadió en rueda de prensa el exdefensor del pueblo.

Asimismo, Saab anunció la creación de una comisión para depurar el Ministerio Público (Fiscalá), institución que el Gobierno había tildado de traidora por responsabilizarlo de la represión en las manifestaciones ciudadanas y acusar directamente a uniformados de una veintena de muertes ocurridas en esos escenarios.

El flamante fiscal general explicó que han sido nombrado sustitutos de todos los altos cargos destituidos y ya hay designados nuevos fiscales en cuatro de las 24 entidades federales.

Saab dijo haber detectado indicios de la existencia de una "red mafiosa de chantaje y extorsión" en la Fiscalía, dedicada a "tasar en dólares" la posibilidad de imputar o no, sobreseer causas o "distribuir un expediente".

"Vamos a revisar la pertinencia, por ejemplo, de nada más y nada menos que 250 cargos directivos y de jefaturas de distintos niveles", señaló, para agregar que "los vamos a poner a la orden de los tribunales competentes, y vamos a colocar su nombre y sus apellidos para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa".

Por otra parte, la nueva jefatura de la Fiscalía pedirá revisar la jurisdicción militar de 72 causas seguidas a civiles por delitos relacionados con las protestas.

Sobre el tema de la justicia militar, Ortega Díaz había expresado su preocupación por las personas que habían sido detenidas y procesadas bajo jurisdicción castrense, por entender que debían ser remitidas a la jurisdicción penal ordinaria.

La exfiscal, que se distanció del Gobierno tras denunciar la ruptura del hilo constitucional y posteriormente acusarlo de convertirse en un "Estado policial" que cometía "terrorismo de Estado", fue procesada en el Tribunal Supremo de Justicia por magistrados que ella misma impugnó como ilegítimos.

Su remoción la concretó la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, un órgano integrado únicamente por oficialistas y que es tildado de fraudulento por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional.

Pese a ello, los más de 500 representantes que la integran continuaron trabajando este viernes en una sesión en la que ratificaron en sus cargos a las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avalaron la elección de la ANC y que han desestimado las denuncias de fraude sobre ese proceso.

El rector Luis Emilio Rondón, el único del Poder Electoral crítico con el Gobierno y que tachó de inconstitucional la elección de la ANC, no fue ratificado, aunque se desconoce la intención de los constituyentes al omitir hoy su nombre.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, indicó que el pleno continuará el sábado un debate para estudiar la posibilidad de adelantar para octubre las elecciones de gobernadores fijadas para el 10 de diciembre tras ser suspendidas en dos ocasiones.

La oposición venezolana, que no participó en la elección de la ANC el pasado 30 de julio, ha inscrito candidatos para las 23 plazas en disputa y ve posibilidades de recuperar varios de sus feudos arrebatados en 2012 por el chavismo gobernante.

No obstante, una parte de la militancia antichavista rechaza participar en esta contienda electoral por estar organizada por el mismo CNE que considera fraudulento, acusado por la empresa encargada del recuento de votos, Smartmatic, de inflar en "al menos un millón" el dato de participación en los últimos comicios.