Las aberraciones de la curia en Pensilvania

«Ha habido otros informes sobre los abusos sexuales contra menores en la Iglesia católica. Pero nunca de tales dimensiones, escribieron los miembros del Jurado estadounidense, encargado de la investigación en 2016 por el procurador general del estado. Los miembros del Jurado (que, como prescriben las leyes estadounidenses, son seleccionados casualmente entre los ciudadanos) escucharon decenas de testimonios y leyeron más de medio millón de páginas de documentos de las diócesis. Algunos agentes del FBI contribuyeron en la investigación. «La mayor parte de las víctimas eran chicos, pero también había chicas. Algunos eran adolescentes y otros se encontraban en la pre-pubertad». Los abusos van desde las molestias hasta las violaciones, «pero todos fueron menospreciados, en todas las partes del Estado, por los líderes de la Iglesia que prefirieron proteger a los abusadores y su institución principalmente. Debido al encubrimiento, todas las instancias de abuso que hemos encontrado ya han caído en prescripción. Esto no significa que ya no haya predadores», precisa el Gran Jurado que recuerda que dos sacerdotes (uno de la diócesis de Greensburg y otro de la diócesis de Erie) fueron recientemente objeto de investigaciones por abusos cometidos en los últimos diez años. La última investigación nació gracias a una denuncia de la misma diócesis, particular que, indica el informe, deja abierta la esperanza para que las cosas cambien en la Iglesia. El informe también se refiere a las maneras con las que periódicamente las diócesis mantenían ocultas las denuncias: primera, «asegurarse de utilizar eufemismos en lugar de las palabras verdaderas que describen los ataques sexuales en los documentos diocesanos: nunca decir “violación”, sino “ contacto inapropiado” o “cuestión de límite”»; segunda, «no hacer una verdadera investigación con personal profesional adecuado», sino llevar a cabo investigaciones discretas; tercera, «enviar al sacerdote a una “evaluación” a un centro de tratamiento psiquiátrico administrado por la Iglesia» y establecer si el sacerdote era pederasta «basándose principalmente en las declaraciones del mismo sacerdote, sin importar que haya habido contactos con un niño»; cuarta, «cuando un sacerdote era destituido, no explicar por qué, sino decir a los parroquianos que se trataba “por motivos de salud”»; quinta, si un predador era descubierto, «no había que destituirlo», sino «enviarlo a un nuevo destino en donde nadie supiera que era un abusador de menores»; sexta, «no advertir a la policía».

El Gran Jurado de Pensilvania reconoce que «ha cambiado mucho en los últimos quince años. Acordamos escuchar a cada una de las seis diócesis que hemos investigado» para que explicaran «de qué manera podían informarnos sobre las novedades jurisdiccionlaes. Cinco obispos nos enviaron declaraciones y el sexto, el obispo de Erie (Lawrence T. Persico), vino personalmente. Su testimonio nos impresionó porque fue directo y sentido. Parece que la Iglesia está avisando con mayor rapidez a las autoridades civiles cuando hay una denuncia de abuso. Se han introducido procesos de revisión interna. Las víctimas ya no son tan invisibles. Pero el marco completo todavía no está claro. Sabemos que el abuso contra los menores en la Iglesia no ha desaparecido» y «sabemos que podría haber otras víctimas recientes que todavía no han desarrollado los recursos para dirigirse a la policía o a la Iglesia. Según hemos comprendido escuchando la experiencia de las víctimas, necesitan tiempo. Esperamos que este informe anime a otros a hablar. Sin embargo, lo que podemos decir es que a pesar de algunas reformas institucionales, los líderes de la Iglesia, individualmente, no han respondido públicamente de sus responsabilidades. Había sacerdotes que violaban a chicos y chicas y los hombres de la Iglesia que eran sus responsables no solo no hicieron nada, sino que lo ocultaron. Durante décadas. Monseñores, obispos auxiliares, obispos, arzobispos, cardenales fueron protegidos, muchos, incluidos algunos cuyos nombres están en el informe, fueron promovidos. Hasta que esto no cambie, creemos que es demasiado pronto para cerrar el capítulo del escándalo sexual en la Iglesia católica».

Después de haber admitido que, debido a la prescripción, muchos casos no serán perseguidos, y «muchos de los sacerdotes de los que hablamos ya están muertos», el Gran Jurado hace algunas recomendaciones al estado de Pensilvania (desde la extensión de la prescripción hasta la introducción de la obligatoriedad de la denuncia a las autoridades civiles) y reivindica el propio «derecho histórico y estatuario de informar al público» sobre las propias investigaciones. «Durante nuestras deliberaciones –concluye el Gran Jurado en la introducción del informe– una de las víctimas que había atestiguado ante nosotros trató de suicidarse. Desde su cama de hospital nos pidió una cosa: que termináramos el trabajo y le dijéramos al mundo lo que sucede verdaderamente. Sentimos una deuda para con esta mujer, y para con todas las demás víctimas que se han expuesto dándonos su historia. Esperemos que este informe sea una buena respuesta por todo lo que debemos».

Para comentar el informe del Gran Jurado de Pensilvania, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos publicó una nota firmada por su presidente, el cardenal Daniel Di Nardo, y por el presidente de la Comisión para la Protección de Menores, monseñor Timothy L. Doherty. El informe se lee en ella, «demuestra nuevamente el dolor de los que han sido víctimas del crimen del abuso sexual por parte de miembros de nuestro clero y por parte de los que han encubierto a los abusadores facilitando de esta manera un mal que ha continuado durante años e incluso durante décadas. Estamos agradecidos por la valentía de las personas que ayudaron en las investigaciones compartiendo sus historias personales de abusos sufridos. Como obispos, sentimos vergüenza y disgusto por los pecados y las omisiones de nuestros sacerdotes y obispos católicos. Estamos profundamente entristecidos cada vez que nos enteramos del mal provocado por el abuso perpetrado por clérigos de cualquier nivel. La comisión de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos para la Protección de los Menores y de los Jóvenes y la Oficina del Secretariado para la Protección de los Niños y de los Jóvenes seguirán ofreciendo recorridos de curación para aquellos que sufrieron abusos. Estamos comprometidos para trabajar con determinación para que tal abuso no pueda volver a suceder».