Una defensora de los derechos humanos durante una protesta contra el envío de migrantes a Ruanda ante el Tribunal Superior en Londres. / Efe

La precipitación de Johnson con las deportaciones a Ruanda provoca su colapso

El Gobierno británico persistirá en su estrategia contra los botes de migrantes tras su suspensión temporal por el Tribunal de Estrasburgo

IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres

«No aceptaremos no tener derecho a controlar nuestras fronteras», afirmó en el Parlamento la ministra británica de Interior, Priti Patel, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos provocase en la noche del martes la cancelación del primer vuelo organizado por los gobierno del Reino Unido y de Ruanda para trasladar a migrantes al país africano.

La ministra puntualizó que el Gobierno persistirá con su plan, que considera acorde con la ley internacional, pero la decisión de la corte de Estrasburgo le obliga a esperar hasta julio para reiniciar el programa de vuelos. Una portavoz del Gobierno de Tigali, Yolande Makolo, confirmó que está «plenamente comprometido con lograr que esta asociación(con el Reino Unido) funcione».

Un avión Boeing de la compañía española Privilege Style estaba dispuesto en un aeródromo militar, en el sudoeste de Inglaterra, para despegar a las 22.30 con siete pasajeros, cuando llegó la noticia desde Estrasburgo de que debía esperar una decisión sobre el recurso presentado por los representantes legales de uno de los pasajeros, identificado con las iniciales K.N.

LAS FRASES:

  • Priti Patel - Ministra de Interior británica. «No aceptaremos no tener derecho a controlar nuestras fronteras»

  • Yvette Cooper - Portavoz laborista para Interior. «El plan no puede funcionar, carece de ética y no terminará con las bandas criminales»

Su abogado, el australiano Geoffrey Robertson, fundó el despacho Doughty Chambers, en el que destacó, en casos de derechos humanos, el actual líder del Partido Laborista, Keir Starmer. A la notoriedad del despacho se añade la de Amal Clooney, abogada y esposa del célebre actor. Robertson había perdido el caso de K.N, en primera instancia y en el Tribunal de Apelación, y, a primera hora de la tarde del martes, el Supremo se negó a aceptar el recurso.

Quedaba Estrasburgo. K.N. tiene 54 años. Se marchó de Irak en abril e iniciando su itinerario desde la frontera turca atravesó países europeos hasta llegar a la costa del Paso de Calais, donde han florecido en las últimas dos décadas grupos de hombres procedentes de Oriente Próximo(kurdos, sirios, iraníes,…) que exigen entre mil y cinco mil euros para el incierto transporte a la costa inglesa por las aguas del canal.

K.N. llegó a Inglaterra el 17 de mayo y pidió asilo inmediatamente, alegando que corre peligro en su país natal. El acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, firmado en abril, tenía como objetivo la deportación de personas como K.N. Londres quiere enviar a Ruanda a los migrantes que, en lugar de solicitar el asilo en Reino Unido cuando entran en territorio europeo, se presentan en la costa inglesa pagando a los traficantes.

El 24 de mayo, las autoridades británicas le dieron una 'notificación de intenciones', presagiando que no admitirían su petición. Un médico dictaminó tres días después que K.N fue posiblemente torturado en su país. El 6 de junio se le notificó que no sería reconocido como refugiado y se le alistó entre los deportados a Ruanda. La decisión «provisional» del Tribunal de Estrasburgo lo ha evitado.

Aunque el magistrado que vio su caso en primera instancia lo rechazó, como el de Apelación, por considerar válido el argumento del Gobierno sobre el interés público de la política de deportaciones, añadió en su sentencia que esa política debe ser analizada en su conjunto por otro tribunal. Se ha fijado la vista de esa 'revisión judicial' para el final de julio.

Convenciones

La decisión de Estrasburgo de suspender la deportación de K.N se funda en que el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda no tiene fuerza legal. Si la revisión judicial en Londres de la política de deportaciones fallase contra el Gobierno, K.N. no tendría recursos legales para exigir su retorno al Reino Unido. El tribunal anota también que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados testificó que «solicitantes de asilo transferidos del Reino Unido a Ruanda no tendrán acceso a procedimientos justos y eficientes para la determinación de su estatuto de refugiados».

Los abogados de los seis pasajeros que iban a acompañar a K.N. en el avión acudieron inmediatamente a los tribunales de Londres, que respetaron la decisión provisional de Estrasburgo. La BBC recoge sus testimonios. Permanecieron aislados en el aeródromo, cada uno con tres vigilantes en el interior de furgonetas. Fueron esposados. Uno de ellos esposado a un asiento. Un migrante se desmayó y fue llevado al avión en una silla de ruedas.

La puesta en marcha de la política del Gobierno de Johnson de deportar migrantes a Ruanda y financiar el procedimiento para que el país africano decida si les dan asilo, y les de habitación y alimento, y los forme para integrarse en la sociedad ruandesa, no podía esperar unas semanas a la completa revisión judicial. El resultado es gasto innecesario y una imagen de gobernación precipitada.

La portavoz laborista para Interior, Yvette Cooper, calificó el resultado del fallido inicio del plan como «vergonzoso» y reprochó a Patel que insista en esa política «cuando sabe que no puede funcionar, que carece de ética y que no terminará con las bandas criminales». La vía, según la laborista, es un mejor entendimiento con Francia y fortalecer los mecanismos del sistema de asilo y de investigación en el ministerio.

Keir Starmer ha rehuido sin embargo comprometerse con la abolición de las deportaciones de inmigrantes económicos ilegales, que ya fue puesta en práctica por los gobiernos de Tony Blair. Se acercan elecciones locales prometedoras para los laboristas y el líder de la izquierda británica no quiere quizás defraudar a una parte sustancial de sus votantes, un cuarto según las encuestas, que apoya las deportaciones.

El choque con el Tribunal de Estrasburgo ha reverdecido el afán de una sección del Partido Conservador de retirarse de la Convención Europea de Derechos Humanos, incorporada a la ley doméstica por Blair. Theresa May lo propuso y luego desistió. «Todas las opciones están sobre la mesa», dijo el portavoz de Johnson sobre las intenciones del primer ministro, tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo.

El viceprimer ministro, Dominc Raab, responsable también del Ministerio de Justicia, ha iniciado una consulta para reformar la ley doméstica que traspone la Convención Europea. Un movimiento conservador quiere también restringir las supuestamente excesivas 'revisiones judiciales' de políticas o decisiones del Gobierno por los tribunales, que causaron polémicas en la tramitación del 'brexit'.

El Gobierno ruandés sigue «plenamente comprometido» con el plan del 'premier'

El Gobierno ruandés continúa «plenamente comprometido» con el programa de deportaciones y el cumplimiento del acuerdo que suscribió con el Ejecutivo británico en abril, por el que recibirá a los solicitantes de asilo llegados a Reino unido tras cruzar el Canal de la Mancha a cambio de 144 millones de euros anuales. «No nos disuadirán los últimos acontecimientos», advirtió la portavoz, Yolande Makolo, en alusión a la orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Horas antes de esta decisión, que dijo lamentar en nombre del gabinete ruandés, Makolo dijo que su país está capacitado para acoger a «miles» de inmigrantes mientras tramitan sus solicitudes. Este miércoles añadió que la crisis migratoria, sobre todo en Europa, resulta insostenible y «no puede seguir una situación en la que hay personas emprendiendo peligrosos viajes» desde el continente a las islas, según declaró a 'The New Times'. «Vamos a hacer todo lo posible para que esta asociación (con Londres) funcione» porque la migración ilegal «está causando un sufrimiento indecible a muchos. Ruanda está lista para recibir a los migrantes cuando lleguen y ofrecerles seguridad y oportunidades».

El acuerdo con el Ejecutivo británico se centra fundamentalmente en solicitantes que entren en Reino Unido clandestinamente en embarcaciones o camiones. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denuncian que estas deportaciones infringen las obligaciones de protección de los inmigrantes por parte de Londres y dudan de que Ruanda «sea un lugar seguro para los peticionarios», según dijo Lewis Mudge, director para África Central de Human Rights Watch. «Las autoridades de Ruanda cometen violaciones de derechos humanos con impunidad, ya sea matando, desapareciendo, torturando, deteniendo ilegalmente o amenazando a quienes consideran que se les oponen», añadió.

También Amnistía Internacional reclamó al primer ministro Boris Johnson que «abandone la cruel política» de deportar al país africano a solicitantes de asilo. «La cancelación del vuelo de la pasada noche debería haberse convertido en el momento en el que el Gobierno (británico) abandonara esta política cruel, pero vergonzosamente parece ser que la situación es la contraria», señaló el director ejecutivo de la ONG en Reino Unido, Sacha Deshmukh.

«No debemos olvidar que la gente que iba a ser expulsada no ha hecho otra cosa que ejercer su derecho a pedir asilo en Reino Unido». «Este esquema mal concebido es una desesperada y deprimente repetición de un acuerdo similar y ahora abandonado que fue alcanzado por Israel, que también contemplaba la expulsión a Ruanda de refugiados y solicitantes de asilo», recordó Deshmukh, quien calificó la iniciativa liderada por Johnson de «espectáculo lamentable» y «calvario intolerable».