El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posa con lingotes de oro en una reunión en Caracas en marzo de 2018. / REUTERS

Maduro y Guaidó pelean en Londres por el oro venezolano

El Gobierno y la oposición reclaman las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra, cuya sentencia se dará a conocer el lunes

LOURDES GOMEZ Londres

El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en torno a Juan Guaidó mantienen en Londres una enconada pugna judicial por el control de las reservas de oro del país que están depositadas en el Banco de Inglaterra. El proceso se ha reactivado en la Corte Comercial y a lo largo de cuatro días de audiencias se escucharon testimonios de representantes de las partes enfrentadas sobre el efecto de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en la titularidad de los estimados 1.600 millones de euros.

El caso quedará listo para sentencia el lunes, según el calendario previsto, pero todavía habrá obstáculos y oportunidades legales hasta que se resuelva la querella. El veredicto del juzgado Comercial podrá ser recurrido, dando paso con ello a un nuevo ciclo de apelaciones. Mientras, los venezolanos afrontan la factura completa del pulso que están librando en la City de Londres los dos entes que reclaman la custodia y gestión del oro: el consejo del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrado por Maduro y la «junta administradora ad hoc» de la misma entidad designada por Guaidó. La oposición costea el proceso con fondos públicos retenidos en EE UU, según se desveló en la fase anterior del pleito.

El procedimiento se está tramitando con celeridad y se anticipa que la presidenta de la división Comercial, Sara Cockerill, se pronuncie en las próximas semanas sobre este litigio de repercusión internacional. La causa se registró en el mismo juzgado hace más de dos años y escaló todas las instancias judiciales hasta el Supremo del Reino Unido, que dio una victoria parcial al bando opositor en diciembre de 2021.

Los jueces lores aceptaron el «inequívoco» reconocimiento de Guaidó como presidente interino por parte del Gobierno británico, que el entonces ministro de Exteriores, Dominic Raab, ratificó en una declaración remitida al Supremo el verano pasado. Los altos magistrados validaron también el poder ejecutivo del líder opositor para designar a los miembros de la junta ad hoc del BCV, creada con el fin de recuperar y gestionar las reservas venezolanas en el extranjero. Sin embargo, dejaron la polémica abierta al derivar la causa a su punto de partida, la Corte Comercial, responsable ahora de dirimir si la Justicia británica debe acatar las decisiones del Supremo venezolano.

En cuestión está si, como sostiene el equipo de Maduro, los jueces británicos están obligados a asumir las declaraciones de nulidad del TSJ sobre la junta ad hoc de la oposición. «En el Derecho venezolano no tiene cabida la afirmación de que Guaidó designó una junta como presidente interino, porque ni la ley ni el Supremo lo reconocieron», testificó por la defensa Julio Cesar Arias Rodríguez, ex secretario del TSJ y experto en derecho constitucional. Los representantes legales de Caracas, que dirige el despacho Zaiwalla, inciden en el principio fundamental de la separación de los poderes ejecutivo y judicial, además de la «doctrina del acto de Estado» por la que un tribunal inglés no debería inmiscuirse en la legalidad de los actos de un Estado extranjero.

«Herramienta política»

La defensa de Guaidó blande la misma doctrina para argumentar, en contraposición, que la separación de poderes se desvaneció en Venezuela y el sistema judicial se ha convertido en «herramienta política» del presidente bolivariano. «¿Le consta que Maduro corre riesgo de perder la mitad de las reservas en este proceso judicial? ¿Le influyeron las graves alegaciones sobre la integridad del Supremo venezolano, al exponer su opinión?», interrogó a Arias el abogado Andrew Fulton, que representa a la junta ad hoc.

Varios testigos declararon en castellano y dos traductoras contribuyeron a agilizar las densas y áridas intervenciones sobre asuntos constitucionales y de derecho internacional. La magistrada Sara Cockerill, quien ha publicado una biografía de la hija de Alfonso VIII, infanta de Castilla y reina de Inglaterra, preside esta causa rodeada de monitores y pantallas electrónicas. La sala está libre de las montañas de documentos impresos habituales en otros juzgados.

Sarosh Zaiwalla, socio fundador del despacho especializado en embrollos comerciales internacionales, emplaza el litigio en la «intersección entre la ley y la política» y sospecha que tendrá «obvias consecuencias» para el Banco de Inglaterra. Se cuestionará, dice, si el Reino Unido es un «refugio seguro para depositar reservas soberanas extranjeras».