Estado de máxima alerta en el Reino Unido: piden a los políticos que trabajen desde casa

La alerta asciende en Reino Unido a medida que transcurre este miércoles. Cientos de comercios, bufetes de abogados e incluso viviendas privadas se encuentran tapiados en Londres y en otras ciudades británicas ante la posibilidad de una batalla campal organizada por grupos radicales. El presidente de la Cámara de los Comunes, sir Lindsay Hoyle, ha enviado un correo a todos los parlamentarios instándoles a trabajar desde casa. Los partidos también han hecho una petición similar para aquellos políticos que teman ser objeto de agresiones.

El ambiente de tensión es inédito, pero también se corresponde con el nivel de la amenaza. Los foros racistas y ultra mantienen una enorme efervescencia en las redes. De las 39 manifestaciones que anunciaron este martes, ahora superan el centenar, según investigaciones del servicio de Inteligencia y de organizaciones dedicadas a monitorizar actividades xenófobas en internet. Todas ellas han sido convocadas por la extrema derecha para esta noche en distintos lugares de la capital británica y en otras localidades. Muchas se ubican junto a despachos de abogados, ONG de derechos civiles y centros de asistencia a refugiados. La Policía también ha detectado llamadas para celebrar 40 contramanifestaciones.

Numerosas empresas londinenses han autorizado a sus empleados a adelantar la hora de salida para que se marchen a sus casas, ante el temor a que queden atrapados en medio de disturbios. Lo mismo sucede con los centros de salud, que han decidido cerrar con antelación. O la catedral de Canterbury, que ha cerrado con cuatro horas de antelación «por precaución». Se da la circunstancia de que numerosos aparcamientos subterráneos privados y públicos están atestados de vehículos, cuyos propietarios han preferido no dejarlos en la calle en una noche que se prevé «muy agitada», según la Policía.

Más de 6.000 policías antidisturbios se reparten por Londres y otras ciudades británicas donde los movimientos radicales se proponen este miércoles perpetrar decenas de ataques. Al menos, así lo han anunciado en las últimas 24 horas, en las que han hecho circular sus amenazas por internet, incluso con los nombres y direcciones de sus «objetivos». El miedo ya ha comenzado a expandirse. Numerosos abogados que trabajan en casos de inmigración han tapiado esta mañana con paneles de madera las ventanas de sus oficinas e incluso de sus casas.

Cientos de comercios prevén asimismo mantener la persiana bajada. Fuentes policiales señalan que la Inteligencia británica ha detectado decenas de puntos de alto riesgo donde pueden estallar conflictos. A lo largo del día han ido en aumento hasta un centenar. El anuncio de 'quedadas' xenófobas ha provocado la reacción además de movimientos antifascistas como Southend Against Fascism, que han anunciado que contraprogramarán estas concentraciones. Al menos, hay cuarenta contramanifestaciones en marcha.

La campaña de intimidación culmina siete días de disturbios a raíz del asesinato de tres niñas, acuchilladas por un adolescente en un club de verano para estudiantes de Primaria en la localidad de Southport. En la múltiple agresión resultaron heridas otras ocho menores, que ya han sido dadas de alta, así como una monitora y otra mujer que continúan hospitalizadas en estado grave.

La difusión de un bulo que identificaba al autor del apuñalamiento múltiple como un inmigrante detonó las protestas de grupos extremistas y xenófobos. El Gobierno desveló que el acusado es un joven de 17 años nacido en Gales, pero nada de eso ha detenido los incidentes. Los últimos, en la noche del lunes, afectaron especialmente en Belfast. Los altercados disminuyeron este martes, aunque la Policía espera este miércoles un recrudecimiento debido a las llamadas a actuar contra decenas de «objetivos». Los convocantes piden a los posibles partipantes a utilizar «mascarillas» con el fin de dificultar su identificación.

Esta recomendación de que las personas acudan enmascaradas, aparte de la publicación de las listas y direcciones de agencias migratorias y abogados en círculos extremadamente ultras y racistas, hace temer a las fuerzas de seguridad una noche de incidentes «graves». Fuentes policiales afirman que las «perpectivas son malas», pero existe un amplio operativo «dispuesto a actuar». Jim McMahon, ministro de Vivienda, ha señalado en SkyNews que el Gobierno está «preparado para la eventualidad de que pueda haber más violencia». McMahon expresó la profunda inquietud del Ejecutivo porque «todos tenemos derecho a vivir en una comunidad sin miedo a la violencia, el acoso o la intimidación».

Asimismo, secundó a su superior, el primer ministro Ken Starmer, en su promesa de que quienes sean detenidos en estos enfrentamientos tendrán por delante un complicado futuro judicial. El Gobierno tiene cierta confianza depositada en que la insistencia en los mensajes de mano dura ayuden a sofocar una ola de violencia inédita en el Reino Unido. «Queremos que presten atención a las advertencias que se han emitido. Queremos que la gente vea los arrestos y las decisiones de imputación que ya se han tomado para que, si alguien sale a la calle y tiene la intención de causar problemas o incita a otras personas a causarlos, pueda esperar todo el peso de la ley», ha subrayado McMahon.

Además de las fuerzas antidisturbios adicionales, la Policía británica cuenta con 147.746 agentes distribuidos en 43 demarcaciones de Inglaterra y Gales. Starmer ha anunciado que, pese a encontrarse atestadas, se han creado 500 plazas en las cárceles para encerrar a los condenados por disturbios raciales. Hasta ahora, hay 400 detenidos y se esperan nuevos arrestos en los próximos días. Los tribunales han comenzado a celebrar juicios exprés y «habrá una sentencia sustancial» para muchos de los arrestados «antes del final de esta semana», según el primer ministro.

Un hombre de 58 años, Dereck Drummond, vecino de Southport, ha sido el primer condenado en relación a los altercados. Un tribunal le ha sentenciado a tres años de cárcel por participar en diferentes alborotos en la ciudad donde se produjo el ataque a las menores y por golpear a un trabajador de emergencias. El acusado ha llorado al conocer la sentencia. Otros dos arrestados han sido igualmente condenados. «Apenas es el comienzo de lo que será un proceso muy doloroso para muchos que decidieron insensatamente involucrarse en disturbios violentos. Serán enviados a prisión por un largo tiempo», ha dicho Sarah Hammond, la fiscal principal de la Corona.

La Fiscalía sopesa una posible imputación por terrorismo a quienes fueron sorprendidos cometiendo actos violentos o a los instigadores de las revueltas, aunque solo las acusaciones por desórdenes públicos pueden superar los cinco años. También se ha producido ya la primera imputación a un individuo por alentar al odio en las redes sociales.

Starmer asistió esta noche pasada en la segunda reunión del consejo especial de seguridad del Gobierno, que se dedicó a planificar la estrategia para combatir múltiples desórdenes callejeros simultáneos en diferentes partes del paíz. Se trata de la mayor crisis de seguridad en el Reino Unido desde 2011 cuando unos agentes mataron a Mark Duggan, un joven británico de 29 años en el norte de Tottenham, tras sospechar que planeaba cometer un delito.

Según la versión oficial, la Policía Metropolitana trató de detener a Duggan después de observar cómo otro individuo le había entregado una pistola. El joven se montó en un taxi y los agentes lo pararon. La Policía sostiene que Duggan salió del vehículo y extrajo el arma por lo que le dispararon. Otros testigos, entre ellos el taxista, señalaron en cambio que la víctima abandonó el vehículo y echó a correr. Los agentes le abatieron al cabo de pocos metros. En 2014, la Justicia exoneró a Scotland Yard al no encontrar pruebas de delito.

La muerte, ocurrida el 4 de agosto de 2011, desató la violencia callejera más cruda registrada en la historia reciente de las islas. Se extendieron desde Tottenham hasta otros 22 distritos de Londres y el Gran Manchester. Liverpool, Leicester, Nottingham y Gloucester fueron algunos de los lugares donde los conflictos fueron más intensos, con cientos de saqueos en comercios. Hubo cuatro muertos: un joven que recibió un disparo mientras estaba dentro de un coche y tres vecinos de Birmingham, de origen musulmán. Los tres habían salido de rezar de una mezquita y trataban de frenar los robos en varias tiendas del barrio en mitad de una turba cuando fueron embestidos por un coche. El número total de detenidos superó los 3.000. David Cameron era entonces el primer ministro. Envió un contingente especial de 16.000 policías a luchar contra los radicales.

El Ejecutivo no quiere que ahora el conflicto se le vaya de las manos. Un vecino de Belfast de unos 50 años se debatía esta madrugada entre la vida y la muerte después deque unos individuos ledieran patadas repetidamente en la cabeza dentro de un pub en lo que se supone un delito de odio. Residentes extranjeros han denunciado también haber sido objeto de insultos racistas en la calle e incluso de intentos de asalto en sus casas. Una mujer de Middelbourgh explicaba este miércoles cómo una turba intentó entrar en su casa de madrugada. Los atacantes intentaron derribar las puertas y reventar las personas, pero al no conseguirlo redujeron su coche a pedazos.

En 2011 los expertos consideran que se produjo una combinación de factores que condujeron a la violencia: la crisis económica, una elevada tasa de paro, especialmente en Tottenham, el recelo de los vecinos hacia las autoridades por el deterioro del barrio y la manipulación de grupos ultra. En este caso, los analistas opinan que confluyen al menos dos de esos elementos: el malestar por una economia menguante en los hogares y la presencia de movimiento radicales y racistas. Pero a éstos se suma otro fundamental: el empleo de las redes sociales para extender las consignas extremistas y la difusión de bulos con el fin de manipular a la población.

Ha sido sustancial el volumen de mensajes que han ligado los brutales asesinatos de Southport con la presunta inseguridad derivada de la migración ilegal. Un bulo más, pero efectivo en una población que ha vivido los últimos meses asistiendo a un profundo debate al respecto. No solo porque este año ha habido más de 8.000 entradas clandestinas por el Canal de la Mancha, un 34% más que el año pasado. Que el asunto esté en la calle es más bien una derivada de las recientes elecciones a Downing Street, que giraron alrededor de las posturas cruzadas entre Rishi Sunak, el 'premier' derrotado firmemente defensor de las medidas de regulación; Keir Starmer, actual primer ministro entre cuyas primeras decisiones ha estado la de derogar las deportaciones a Ruanda de peticionarios de asilo; y el populista Neil Farage, quien propone un programa de «inmigración neta cero».

Ya en 2011, el Gobierno estudió cómo atajar esas campañas de desinformación que alentaron unos disturbios valorados en cientos de millones de libras en pérdidas. El problema es que no han hecho más que crecer. Varios expertos coinciden en que los discursos extremistas y falsos sobre migración se han extendido como la pólvora. Un informe de agencias de prensa asegura que hasta siete millones de personas pueden haber visto este tipo de tuits y vídeos en la última semana.

Sunderland, en el noreste de Inglaterra, es un ejemplo de ello. De apacible población ha pasado estos últimos cinco días a convertirse en un pequeño campo de batalla donde los residentes sij cierran sus tiendas para evitar asaltos y la organización benéfica Citizens Advice ha sufrido el incendio de varias oficinas. Lo curioso es que esta ONG no solo presta asesoramiento a migrantes, sino a cualquier persona de Sunderland y sus alrededores que necesite ayuda para afrontar deudas, problemas de vivienda o ayuda jurídica, Algunos vecinos creen que el declive económico de una región que nunca se ha recuperado de la crisis de finales de los años 80 más la influencia de agitadores anti-inmigración está detrás del violento fenómeno que ha dejado comercios destrozados y coches incendiados.

El Departamento de Justicia britanico ha dstacado que las amenazas contra los abogados son «inaceptables», mientras la asociación de abogados de Inglaterra y Gales ha señalado que los radicles se plantean un «ataque directo a nuestra profesión jurídica». Nick Emmerson, presidente de la Law Society, admite que los abogados están «seriamente preocupados por su seguridad» y ha pedido al Gobierno que se tome estas amenazas «con la máxima seriedad» en tres cartas enviadas al primer ministro y las titulares de las carteras de Interior y Justicia.

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