Trump borra el derecho a fianza para millones de inmigrantes en situación irregular

Hasta ahora los ciudadanos de origen extranjero en situación irregular y que llevaban tiempo residiendo en el país norteamericano podían solicitar una vista de fianza ante un juez de inmigración. Sin embargo, Lyons en el documento reconoce que los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia de la Administración Trump «han revisado su postura legal sobre las autoridades de detención», por lo que según las nuevas directrices dichos arrestados «no podrían ser liberados de la custodia del ICE». Eso sí, el protocolo contempla que en limitadas excepciones los detenidos podrían obtener la libertad condicional bajo fianza, pero en todo caso la decisión recaerá en un funcionario, nunca en un juez.

Esta resolución de la institución controlada por los republicanos se ampara en un apartado de la ley de inmigración que establece que los extranjeros en situación irregular «deben ser privados de libertad» tras su arresto, una disposición que históricamente se ha aplicado a los que acaban de entrar de forma ilegal en el país y no a los que llevan residiendo en EE UU durante un largo espacio de tiempo.

Lyons, responsable de los 200 centros de detención de inmigrantes en suelo estadounidense, admite en su orden que la nueva y radical política afrontará desafíos legales para llevarse a cabo, como el resto de polémicas decisiones implementadas por el Gobierno de Donald Trump desde su vuelta al Despacho Oval.

Este cambio llega después de que el Congreso y el Senado aprobaran in extremis el proyecto de ley fiscal, que dota al ICE con 45.000 millones de dólares -al cambio unos 38.754 millones de euros- durante los próximos cuatro años. Una inyección presupuestaria que permitirá duplicar la capacidad de detención de la agencia hasta los 100.000 inmigrantes al día.

Según una encuesta del Washington Post-Ipsos, sólo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba este gasto, mientras que el 61% se opone. En este sentido, la inmigración se le está atragantando a Donald Trump y su aprobación pública en la materia se ha visto lastrada en las últimas semanas. Así, la Universidad de Quinnipiac publicó un estudio a finales de junio que arrojaba que sólo el 41% de los votantes aprobaba la gestión del presidente en este área, frente al 57% que la rechaza.

Desde que la agencia lanzó la orden la semana pasada, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AIA) ha dado cuenta de que sus miembros habían reportado que a sus clientes se les estaban negando audiencias de fianza en más de una docena de tribunales de inmigración a lo largo del país, incluyendo Nueva York, Virginia, Oregón, Carolina del Norte, Ohio y Georgia.

«Esta es su manera de implementar a nivel nacional un método para encerrar a aún más migrantes», ha expresado Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la AIA, en declaraciones al tabloide 'The Washington Post'. «Están ordenando la detención de muchos más sin una revisión real de sus circunstancias individuales».