Una de las sesiones de la comisión especial del Congreso que investiga el asalto al Capitolio. / efe

Trump y su equipo presionaron a funcionarios estatales para falsificar listas de electores

La Casa Blanca pretendía reemplazar a compromisarios de Biden por los suyos para poder objetar los resultados oficiales y negarse a formalizar el relevo en la presidencia de EE UU

CAROLINE CONEJERO Corresponsal. Nueva York

Donald Trump presionó personalmente y también a través de sus aliados a decenas de funcionarios estatales en los siete Estados norteamericanos en los que perdió en los comicios presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Incluso desde la propia Casa Blanca, entonces dirigida por el polémico magnate neoyorkino, se promovió una trama ilegal de compromisarios falsos que sustituyeran a los de su contrincante demócrata para forzar la anulación de los resultados electorales.

La comisión especial del Congreso de EE UU que investiga todo lo que ocurrió en torno al brutal asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021 por partidarios del expresidente republicano mostró en su sesión de este martes evidencias abundantes de la extensa campaña sucia que se llevó a cabo, en coordinación con la Casa Blanca, para coaccionar, intimidar y forzar a numerosos funcionarios locales y estatales a cooperar con su trama corrupta.

Funcionarios de todos los niveles de las administraciones estadounidenses llegaron a recibir hasta 4.000 mensajes de texto, en su móvil e incluso en los de sus familiares, urgiéndoles a alterar el resultado de las urnas que era desfavorable a Trump. Otros mensajes eran intimidatorios y contenían amenazas violentas, incluso de muerte. A su vez, en la calle la campaña de intimidación se intensificó a través de agresivas protestas en los lugares de trabajo y también los domicilios particulares de esos funcionarios, incluidos trabajadores electorales, que estaban en el punto de mira de los urdidores de esta aparente intentona 'golpista'.

En paralelo, Trump y sus principales asesores, incluido el exjefe de gabinete Mark Meadows, pusieron en marcha el denominado plan de los «compromisarios falsos» para que sustituyeran a los legítimos autorizados extraídos de las urnas, que otorgaban la victoria a Joe Biden. Según lo que tramaban, esas listas 'alternativas' de electores se presentarían como «certificaciones contestadas» en los Estados que estaban en cuestión de cara a la certificación de los resultados electorales que debía hacer el Congreso aquel 6 de enero. Dichas certificaciones falsas habrían podido servir al entonces vicepresidente, Mike Pence, como excusa para declarar tales resultados oficiales como objetables y, en consecuencia, negarse a formalizar la victoria de Biden, como pretendía su jefe y a lo que le instó varias veces.

El papel de Giuliani

Simultáneamente, numerosos funcionarios públicos relacionados con dicho proceso electoral -cuyos testimonios fueron presentados en video durante la audiencia- eran coaccionados con dureza para aceptar las listas ilegítimas de compromisarios republicanos, dispuestos a nombrar a Trump presidente. Para añadir más confusión, el abogado personal de Donald Trump, el expolítico Rudolph Giuliani y su grupo, presentaban recursos legales sobre un supuesto fraude electoral con teorías inconcebibles para contestar los resultados en los Estados que aún estaban en cuestión.

En uno de los videos que presentó el comité se escucha el testimonio de un trabajador electoral de Georgia, Shaye Moss, que fue acusada falsamente por Giuliani de introducir furtivamente «maletas» de votos favorables a Biden, una conspiración desacreditada por los propios funcionarios electorales. Moss y su madre, también funcionaria, recibieron amenazas racistas y una intensa intimidación sobre sus vidas y la de sus familias, con consecuencias traumáticas que aún perduran dos años después.

A pesar de haber sido rechazados el 14 de diciembre de 2020 en las certificaciones de los colegios electorales de cada Estado, los partidarios de Trump siguieron adelante con la trama. Para ello firmaron certificados electorales falsos, y se declararon «debidamente elegidos y autorizados». La comisión mostró este martes varias evidencias de los «documentos electorales falsos» fabricados, correspondientes a los Estados que Trump perdió -Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Nuevo México, Nevada y Wisconsin- y que debían ser enviados a Washington.

El plan era enviar los documentos al vicepresidente Pence y también a los Archivos Nacionales. Los investigadores del Congreso mostraron diferentes mensajes de texto reveladores del intento del senador de Wisconsin, Ron Johnson, para hacer llegar los documentos electorales falsos al número dos de la Casa Blanca. Un asistente de Pence impidió finalmente que los documentos llegaran a él. El resto es historia. El vicepresidente, cuyo papel en la certificación electoral es meramente ceremonial, se negó a doblegarse a la trama corrupta de Trump y sus aliados.

Amenazas a un secretario de Estado

La Comisión examinó también la campaña de presión de Trump sobre los principales funcionarios de los Estados que había perdido, como Arizona y Georgia. Dos testigos de excepción declararon en persona sobre ello ante el Congreso: el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffesnsberger, y su adjunto Gabriel Sterling, ambos bajo intensa presión por parte de Trump personalmente.

Los dos son republicanos y hablaron de la estricta revisión de la legitimidad de los resultados electorales. También lo hicieron de la ya famosa llamada de coacción de Trump del 2 de enero de 2021, delante de testigos, conminando a Raffesnsberger a encontrar 11.780 votos exactos, precisamente los necesarios para superar el margen de victoria de Biden. Pero ante su negativa, el secretario de Estado de Georgia recibió serias amenazas, que incluían comentarios sexuales denigrantes contra su esposa. Además, la casa de la viuda de su hijo, con niños pequeños, fue asaltada.

En las semanas posteriores, Sterling denunció enérgicamente -en una rueda de prensa que se hizo viral- la campaña de mentiras de Trump sobre el robo electoral en Georgia y le conminó a retractarse para parar la violencia que había desatado. Por su parte, los miembros del equipo legal de Trump, que no niegan la existencia y la elaboración de las referidas listas falsas ilegitimas, tacharon de «distorsionada» la versión de la trama presentada por la Comisión.

Según su versión, dichas listas alternativas se armaron y firmaron en caso de que los Estados revisaran su certificación electoral oficial y optaran por una favorable a Trump, tras lo cual serian enviadas de inmediato al Congreso. Una explicación que discrepa de la evidencia obtenida por la Comisión de que John Eastman, arquitecto de la trama de las certificaciones falsas, admitió el 19 de diciembre de 2020 que las listas de Trump estaban «muertas al llegar» si no estaban certificadas. Y, a pesar de ello, Eastman continuó la presión sobre Pence para que rechazara las listas de Biden.

La mayoría de los ciudadanos quiere ver procesado a Trump

Las históricas audiencias de esta comisión especial del Congreso están teniendo un impacto en la opinión pública estadounidense. Y parece que la mayoría de los ciudadanos desea que Donald Trump sea imputado por incitar aquellos trágicos disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021.

Así lo revela una encuesta publicada esta semana conjuntamente por la cadena ABC News y el diario 'The Washington Post'. Según sus resultados, seis de cada diez ciudadanos de EE UU, un 58%, quiere ver a Trump procesado con cargos penales. Son seis puntos más de los que tenían esa misma opinión a finales de abril.

Aun así, los votantes republicanos permanecen aún inamovibles con respecto a Trump. Y es que según esa misma encuesta, solo un 19% de ellos estaría a favor de la imputación del expresidente, en comparación con el 91% de los demócratas que lo querría.

En todo caso, la consulta popular realizada por los dos medios de comunicación referidos incide en la profunda fractura ideológica que divide al país en estos momentos.