El Tribunal Supremo aboga por que Trump no sea excluido de las primarias republicanas

El caso jurídico que presentaba Colorado para descalificar a Donald Trump como candidato presidencial por haber participado en la insurrección del 6 de enero, de acuerdo a la 14 enmienda constitucional, cuya sección tercera prohíbe que vuelvan a presentarse quienes habiendo jurado apoyar la Constitución hayan tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos, era la esperanza ciega de cuántos no conciben la idea de encontrárselo de nuevo en las urnas. Este jueves los nueve jueces del Supremo desmontaron ese espejismo con sus preguntas, una a una.

No importó el sesgo político, en un tribunal claramente dividido entre seis jueces conservadores y tres progresistas -Trump nombró a tres de ellos-. Unos y otros se enredaron en la letra de la ley y la definición no escrita de términos como «insurrección», «funcionario de los Estados Unidos» o incluso la diferencia entre jurar «apoyar» a la Constitución o «defenderla». Pero sobre todo, los jueces se mostraron escépticos ante la posibilidad de que Colorado pueda decidir las opciones presidenciales del resto del país. «¿Y qué pasaría si otros estados deciden eliminar a quienquiera que sea el candidato demócrata?», preguntó el jefe del tribunal, John Roberts, temeroso de abrir la caja de Pandora. «Que las elecciones presidenciales se relegarían a un puñado de estados, y eso es una consecuencia bastante intimidatoria», se contestó él mismo.

Prueba de que Trump tuvo un buen día en los tribunales es que, al término de la audiencia, salió calmadamente a hablar con la prensa en su residencia de Palm Beach, en un tono conciliador con el que se refirió respetuosamente al tribunal e incluso habló de que en 2020 «le hubiera gustado» resultados electorales «diferentes», en una inusual partida de sus acusaciones de fraude electoral con las que ha creado una cultura de negacionismo, medida de lealtad. El Supremo de Estados Unidos aún tiene que decidir antes del lunes si acepta el caso de su inmunidad, por lo que no le convenía enemistarse.

Le esperaban en Nevada una jornada de caucus cien favorable, al ser el único candidato en las papeletas. Por eso le resultó más fácil volver a su discurso de campaña, en el que habla de lo mal que va el país y de cómo bajo su mandato se hubieran evitado la guerra de Ucrania y los atentados de Hamás el 7 de octubre, que analizar los argumentos jurídicos.

Muchos soñaban con que el Supremo se pronunciase sobre si Trump es un insurrecto, pero ni el defensor de este, ni los jueces querían entrar en la materia. Eso no significa que no saliera. Jonathan Mitchell dejó claro que no considera a su cliente culpable de haber incitado una insurrección, porque para eso el 6 de enero tenía que haber sido «organizado y concertado para derrocar al Gobierno de EE UU mediante actos violentos». Esa definición no encajó con lo que tenía en mente la juez que Kentanji Brown Jackson, que antes de ser elegida para el cargo por Biden, hace dos años, tuvo que sopesar cuestiones legales relacionadas con algunos de los 1.200 imputados por su participación en aquellos «disturbios», como los calificó el abogado de Trump.

Tenía razón. Ninguno ha sido acusado de insurrección. Ni siquiera el expresidente, que aguarda la decisión del Supremo para saber si será enjuiciado por «conspiración para defraudar a Estados Unidos» y «obstruir los procedimientos oficiales para contabilizar los resultados electorales», entre otros cargos.

Su letrado prefirió centrar su defensa en que permitir a Colorado o Maine eliminarle de las papeletas sería abortar una presidencia que puede ser permitida por el Congreso, si dos tercios del Senado le conceden una amnistía.

El texto de la 14 enmienda constitucional, diseccionado este jueves hasta la saciedad, solo impide a los insurrectos volver a ostentar un cargo público. Y encima, por algún motivo «ambiguo», opinó Jackson, no está deletreado el de presidente, pero en cualquier caso no hay nada que le prevenga presentarse a las elecciones.

De ahí que cuando en su última pregunta la jueza pidiese al abogado de Colorado, Jason Murray, que valorase lo que puede ocurrir si el tribunal decide que ese estado no tiene autoridad para excluir a Trump de las papeletas, su respuesta fuera sombría. «El caso podría volverles redoblado», advirtió, «porque si en última instancia el e presidente gana las elecciones, los miembros del Congreso pueden tener que tomar la determinación de si está descalificado para el cargo».

Anular la victoria de Trump a posteriori parece impensable, dada la virulencia de sus seguidores, pero con ello abría otra fuente de esperanza para quienes se aferran a un clavo ardiendo con tal de no aceptar su vuelta al poder.