Donald Trump sale de la Trump Tower dos días después de que el FBI registrar su mansión en Mar-a-Lago, Florida. / Reuters

La paranoia por descubrir al informante del FBI se apodera de Trump

Los asesores del expresidente escrutan incluso a miembros de su familia y empleados de la mansión en búsqueda del chivato que dio a conocer la existencia de documentos secretos en su poder

CAROLINE CONEJERO Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no desea que se conozcan los detalles del alcance de la investigación que lleva a cabo sobre el expresidente Trump y por ello ha pedido a un juez que no haga pública la orden sellada de registro en la residencia de Mar-a-Lago que entregó al FBI. Esta orden es la que permitió a los investigadores entrar en la masión hace más de una semana, inspeccionarla y requisar hasta una veintena de cajas repletas de documentos oficiales que el líder republicano se había llevado tras perder la presidencia. Al menos once legajos están clasificados como alto secreto y nunca deberían haber salido de la Casa Blanca.

El departamento aduce que la orden de registro contiene información confidencial sobre testigos, y que su divulgación podría dañar su cooperación, así como la de otros potenciales testigos que en el futuro pudieran proporcionar información crucial para las investigaciones en curso. El documento, que incluye una declaración jurada, equivale al secreto de sumario en los procedimientos judiciales en España. El Departamento de Justicia lo considera necesario porque contiene información sensible y detalles específicos sobre la causa probable (indicios) de los delitos que se investigan.

Sin embargo, esta decisión ha aumentado la desconfianza en el equipo legal de Trump y añadido frustración a la ya tensa atmósfera dentro del reducido grupo de asesores que tratan diariamente con el expresidente. El magnate ha exigido a través de su plataforma social la devolución de algunos de los documentos incautados, aunque su equipo no ha utilizado los cauces legales apropiados para la reclamación. Justicia le ha devuelto tres pasaportes que los agentes federales también requisaron. Dos de ellos habían expirado y el tercero, el pasaporte diplomático, estaba activo.

El registro en la mansión ha puesto de manifiesto que el FBI conocía de antemano la existencia de documentos clasificados de seguridad nacional en poder del expresidente, y que alguien 'desde dentro' tuvo que haber proporcionado esa información a los federales. Las sospechas de que una persona cercana al líder republicano se haya convertido en un informante del FBI se han disparado en el círculo íntimo de Trump y generado una frenética «caza del topo» dentro de sus propias filas.

Según múltiples fuentes, las sospechas iniciales recayeron sobre Nicholas Luna, el anterior asistente personal del expresidente, que dejó el puesto en marzo, y que está previsto que abandone pronto también el círculo de allegados. Por otro lado, Molly Michael, la exjefe de operaciones de la Oficina Oval de la Casa Blanca. Luna recibió una citación para declarar en la investigacion de la comisión que estudia el asalto al Capitolio, pero no se cree que haya hablado con el FBI sobre este otro caso.

También se ha sospechado de los empleados de Mar-a-Lago y el personal del complejo solo para socios de Palm Beach, familiarizados con las instalaciones del resort, por el hecho de que el FBI sabía exactamente cuáles eran las salas en las que buscar y los sitios específicos donde estaban los documentos. Las indagaciones se han ampliado aún más después de que el equipo del expresidente supiera que el FBI conocía la ubicación exacta de la caja fuerte. El escrutinio se ha ampliado así hasta los propios miembros de la familia de Trump.

Así las cosas, la búsqueda del 'informante' ha precipitado una crisis de confianza dentro del círculo de allegados que alcanza niveles de paranoia, superiores incluso a los episodios de su presidencia caracterizados por la fiera lucha de intereses rivales y el apuñalamiento político.

Nuevo trío de abogados

Tras el registro, el magnate ha reorganizado su equipo de defensa en la esfera pública con un trío de nuevos abogados. Lo forman por tres mujeres, la expresentadora Oan Alina Habba, Lindsey Halligan y Christina Bobb, encargadas de propagar los argumentos públicos a favor de Trump. Aun así, el trío no ha logrado impresionar a nadie por ahora en sus numerosas apariciones en los medios de comunicación de la derecha, donde han tratado de implantar más teorías de la conspiración y conjeturas de dudosa credibilidad (y hasta contradictorias) sobre el registro en Mar-A-Lago. Bobb y Halligan estaban presentes el día del registro, pero se les impidió entrar en el edificio durante la inspección federal.

La narrativa de excusas públicas de Trump sobre los documentos en su poder, que incluían carpetas de información nuclear de alto secreto, continúa cambiando a medida que emergen nuevos datos: desde negar su existencia, declarar después que habían sido desclasificados, culpar más tarde al expresidente Obama y al FBI –al que acusa de colocar a posta los documentos clasificados para atraparle– hasta asegurar que toda la operación es falsa con el fin de impedir que se presente a las elecciones.

Con todo, el registro de Mar-a-Lago ha acelerado la operación de recaudación de fondos de Trump, aprovechando la ira de sus seguidores para pedirles contribuciones encaminadas a financiar su campaña política. A pesar de reconocer que la temperatura de la retórica violenta debe reducirse, lo cierto es que el registro ha inflado de esteroides su cuenta recaudatoria.