Las mascarillas se bajan del transporte en EE UU

También el silencio de la Casa Blanca. Nadie se explica cómo la sentencia de la jueza de Florida Kathryn Kimball Mizelle, nombrada por Donald Trump en sus últimas horas después de perder las elecciones, pudo cogerle de sorpresa. Lo cierto es que el gobierno de Joe Biden contribuyó a la incertidumbre por el tiempo que tardó en sopesar los pros y los contras de apelar la decisión. El colegio de abogados consideró en su día que la que sería la jueza más joven del país, a los 33 años, no tenía suficiente experiencia como para merecer su apoyo al cargo vitalicio. El Partido Republicano cerró filas para refrendar su designación, en un movimiento político del que ahora pueden presumir los senadores de cara a las legislativas de noviembre, por la repercusión que tendrá la polémica sentencia del lunes.

Tan pronto como se conoció la noticia, las mascarillas empezaron a caer del cielo. Alaska Airlines, que el año pasado llegó a poner en su lista negra a la senadora estatal Lora Reinbold por enfrentarse con una azafata al no querer usar la mascarilla, fue una de las primeras aerolíneas en informar a los pasajeros de que eran libres de quitársela. Jetblue, United, Delta, American, Frontier y un sinfín más siguieron escalonadamente la medida, ante el desconcierto generalizado.

Hubo exclamaciones de júbilo y suspiros de consternación. Algunos vitoreaban la libertad y otros temían por su salud. Ciertamente «había y sigue habiendo tensión en los cielos», reconoció John Samuelsen, presidente del sindicato de Trabajadores del Transporte. Sólo el año pasado la Federal Aviation Administration (FAA) registró casi 6.000 incidentes de pasajeros sublevados en pleno vuelo, de los que más del 70% se debían a la imposición de la mascarilla. Eso le sirvió a la agencia federal para embolsarse cinco millones de dólares en multas, que llegaron hasta los 35.000 dólares y amenazaban con incluir penas de prisión para los que agredían al personal de vuelo.

Por eso los ejecutivos de las principales aerolíneas habían cabildeado silenciosamente a la Casa Blanca para que no renovase la obligatoriedad de usar mascarilla en los transportes federales a cambio de mantener la paz en los cielos. Ajeno a ese reclamo, el gobierno de Biden renovó la semana pasada el mandato hasta el 3 de mayo, con el argumento de que «desde principios de abril ha habido un incremento de los casos en la media de siete días que requiere evaluar el impacto potencial en casos severos, hospitalizaciones y muertes», dijo el Centro para el Control de Enfermedades infecciosas (CDC, por sus siglas en inglés).

Si la decisión ya resultó impopular, mucho más hubiera sido apelar la sentencia, sin garantías de que el tribunal de apelaciones difiriese de ella. Al dejar pasar esta patata caliente, muchos creen que el gobierno de Biden le ha fallado a la agencia que, según la jueza Mizelle, sea excedido en sus competencias y «no ha tenido en cuenta el paso del tiempo» en su declaración de emergencia pública. No obstante, si el gobierno hubiera perdido el caso en el proceso de apelación, la agencia quedaría atada de pies y manos para actuar ante la próxima pandemia. La solución, por el momento, ha sido dejarlo en manos de cada autoridad local y la sacrosanta empresa privada, con la consiguiente cacofonía de órdenes contradictorias que permite a un pasajero subirse sin mascarilla a un avión en Houston, pero tenérsela que poner al bajarse del mismo en Nueva York.