Trump se fotografía junto a uno de sus seguidores durante una intervención en Nashville. / Harrison McClary/reuters

Varapalo judicial a Trump en el caso de los archivos secretos

Un tribunal de Atlanta permite al Departamento de Justicia continuar con la revisión del material confidencial hallado por el FBI en Mar-a-Lago

MERCEDES GALLEGO Nueva York

Donald Trump y Richard Nixon tienen en común algo más preocupante que ser dos de los tres presidentes que en el último siglo se han enfrentado a una investigación de impeachment para inhabilitarles. Ambos pensaban que el cargo les daba un poder ilimitado.

Preguntado en televisión si un presidente puede hacer algo ilegal, por el bien de la nación, Nixon, contestó, de forma infame, que «si lo hace el presidente, no es ilegal, por definición». A su juicio, la Constitución le daba «poderes extraordinarios». Trump tuvo el miércoles por la noche su momento Nixon, cuando el presentador de la cadena Fox le preguntó qué proceso había seguido para desclasificar los 11.000 archivos que el FBI encontró en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. «No tiene que haber ningún proceso», replicó. «Si eres el presidente de EE UU puedes desclasificarlos solo con decirlo, ¡incluso con pensarlo!».

Su argumento de que al mandar las 15 cajas de documentos altamente secretos a su residencia ya implicaba desclasificarlos, encontrará una férrea resistencia legal. De hecho, ese mismo día había sufrido un importante revés con la decisión del 11 Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta, que ha rechazado la sentencia de la jueza de Florida Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump, con la que se privaba al Departamento de Justicia de continuar la revisión de los documentos en cuestión.

Como Nixon, Trump empieza a descubrir que ni los presidentes están por encima de la ley. El poder que ansía recuperar no es ilimitado. Para llevarse a sus aposentos cada noche documentos altamente confidenciales de la caja fuerte tenía que dejar constancia de ello para que se notificara a la Agencia de Seguridad Nacional y a los Archivos Nacionales. Desde la II Guerra Mundial hay reglas que determinan cómo se deben almacenar, transportar físicamente o transmitirse electrónicamente, aunque nunca se ha aplicado castigo o amonestación por desobediencia informativa a ningún presidente.

Un centenar de documentos

La sentencia de 29 páginas emitida por el Tribunal de Apelaciones de Atlanta permitirá al Departamento de Justicia y al árbitro elegido seguir revisando las cajas de documentos incautadas, incluyendo un centenar de archivos considerados altamente secretos, que pasarán a formar parte de una investigación criminal.

Trump quería tener ambas cosas: considerarlos «privilegiados» para que se le devuelvan e impedir que el Departamento de Justicia avance la investigación y considerarlos desclasificados para que no se le pueda culpar legalmente de habérselos llevado. Sin pronunciarse sobre los méritos del caso, los tres jueces consideran que impedir la investigación resultaría en un «daño irreparable» para el público de un país agitado continuamente por los dramas de Trump.