Harvard gana la primera batalla legal contra el Gobierno de Trump
La jueza concluye que la acusación de antisemitismo era «una cortina de humo» para atacarla ideológicamente
Mercedes Gallego
Corresponsal. Nueva York
Miércoles, 3 de septiembre 2025
Harvard ganó el miércoles la primera batalla contra el envite del Gobierno de Trump, que le ha congelado más de 2.700 millones de dólares ... en fondos federales dedicados a la investigación en represalia por no someterse a su control. La jueza Allison D. Burroughs ha coincidido con la Universidad en que la Administración utilizó ese dinero como presión para violar su libertad de expresión. Con ello anula todas las órdenes que congelaban las partidas desde abril pasado y los avisos de fin de contratos que siguieron. Asimismo, otorgó a la institución académica una medida cautelar permanente que impide a Washington imponer de nuevo condiciones inconstitucionales sobre su financiación.
A la luz de los expedientes presentados en este juicio sumario, la jueza cree que «es difícil concluir otra cosa que no sea que los demandados usaron el antisemitismo como una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país». La batalla de Harvard se convierte así en una antorcha para el resto de las instituciones universitarias amenazadas por el Gobierno de Trump.
Las partes habían acordado pedir una sentencia sumaria sin juicio, por diferentes razones. Harvard necesita el dinero para continuar las investigaciones en marcha, así como una orden cautelar que le permita solicitar las subvenciones cuyo plazo acaba en septiembre. El Gobierno, por su parte, no confiaba en obtener una opinión favorable de una jueza de Boston designada por Barack Obama en 2014. Su apuesta es agilizar el trámite a través de los diferentes procesos de apelaciones hasta llegar al Supremo, donde tres de los nueve magistrados fueron nombrados por Trump durante su primer mandato.
Investigaciones en peligro
Además de considerar que el Ejecutivo viola la primera enmienda constitucional sobre la libertad de expresión, la magistrada considera que también quebranta la Ley de Derechos Civiles de 1964, cuyo Título VI exige a las agencias notificar, investigar y dar la oportunidad de responder antes de terminar con la asistencia financiera federal por supuestas violaciones de derechos civiles. «Sus acciones han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de todos aquellos que podrían beneficiarse de esa investigación, así como reflejan un desprecio por los derechos protegidos por la Constitución y las leyes federales», señala en su sentencia.
El veredicto da más fuerza a la Universidad en su negociación con el Gobierno. Según publicó el diario 'The New York Times' el mes pasado, la Universidad contemplaba pagar 500 millones de dólares a la Administración federal en programas educativos para cerrar el caso. El cálculo era que eso le saldría más barato que los más de 2.700 millones que estaba perdiendo durante el proceso.
500 millones
de dólares se comprometía Harvard a pagar a la Administración federal en programas educativos para cerrar el caso abierto contra la Universidad, según el borrador de un acuerdo que publicó el diario 'The New York Times'.
El borrador del acuerdo incluye también, según las fuentes del rotativo, el compromiso de Harvard de reforzar sus medidas contra el antisemitismo en el campus, la «excusa» de Trump para esta ofensiva contra las universidades de élite, según lamentó también en su día el presidente de la institución académica «como judío y como estadounidense». A cambio, la Administración pondría fin a las múltiples investigaciones abiertas, desde el Departamento de Justicia hasta el de Comercio, y retiraría sus intentos de impedir la matriculación de estudiantes internacionales.
El choque estalló cuando la Casa Blanca envió una lista de exigencias que incluía desde auditorías ideológicas de los alumnos hasta cambios en el currículo y la reducción de la influencia del profesorado sin plaza fija. Harvard se negó. Horas después comenzaron a llegar las represalias con el bloqueo de sus fondos de investigación, la prohibición de aceptar estudiantes extranjeros, que suponen el 27% de sus matrículas y el 21% de los ingresos totales por matrícula y alojamiento.
Con 50.000 millones de dotación y los mejores abogados del mundo, su claudicación hubiera dejado sin esperanzas a otros centros con menos posibilidades de aguantar la batalla legal, que se anticipa larga.
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