Rudy Giuliani, con gesto adusto, en una rueda de prensa tras la derrota electoral de Trump. / Reuters

La Fiscalía investiga si existió una conspiración nacional para evitar la derrota electoral de Trump

La citación judicial a Rudy Giuliani solo es parte de un caso que analiza los manejos ilegales para sustentar el bulo de que hubo pucherazo en las urnas

MIGUEL PÉREZ

La investigación sobre Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, por su presunta implicación en la difusión de infundios que apuntalasen la teoría del «fraude electoral» denunciada por su jefe para anular la victoria de Joe Biden es sólo la punta del iceberg de unas pesquisas mucho más amplias que tratan de demostrar la existencia de un complot nacional para derribar el sistema de votaciones en EE UU. Fiscales de varios Estados, pero principalmente de Michigan, Colorado, Pensilvania y Georgia, analizan los movimientos en los meses posteriores a la derrota del líder republicano de un grupo de abogados afines y de decenas de alguaciles constitucionales que supuestamente accedieron al contenido reservado de las máquinas de votación electrónica con el argumento de buscar pruebas de un pucherazo.

Su objetivo, según las pesquisas, consistía en dar sustento a toda una delirante batería de hipótesis conspirativas que explicasen la derrota de Trump en las urnas: desde que los aparatos habían permanecido bajo control exterior de China, Rusia o Venezuela hasta que se habían introducido microchips capaces de borrar los votos del candidato republicano y cambiarlos a favor de Biden. Lo singular del caso es que los individuos bajo sospecha incluso quisieron probar la presencia de estos chips en los colegios que daban un abrumador respaldo a Trump.

La cuestión podría parecer humorística si no fuera por su extrema gravedad. El acceso a los sistemas de votación electrónica por personas ajenas a los funcionarios electorales responsables de su custodia es ilegal. La Casa Blanca considera estas máquinas como una «infraestructura crítica» de carácter clave para la seguridad nacional. La Administración estatal está obligada a retirar cada aparato si sospecha que en algún momento se ha roto la cadena de custodia. Es lo que ha ocurrido con decenas de ellos desde 2020.

Pero además del aspecto legal, hay dos derivadas. De demostrarse el complot, quedaría en evidencia que un elevado número de abogados, alguaciles, técnicos y empleados públicos habrían podido colaborar para implantar una mentira y quebrar las elecciones presidenciales de 2020. Las autoridades temen que todas estas acciones minen la confianza de los estadounidenses en el sistema y la confidencialidad de sus datos, sobre todo cuando se acercan los comicios parciales de noviembre.

Varios países utilizan la votación electrónica. EE UU lo hace en algunos Estados, pero aún así es mayoritaria la población que lleva la papeleta física a las urnas. Los fiscales han puesto todo su empeño en esta investigación para respaldar lo que ya han confirmado decenas de informes periciales -que las máquinas son seguras y ninguna fue manipulada hace dos años en noviembre a favor de Biden- y, sobre todo, enjuiciar a quienes urdieron la trama del pucherazo. El proceso puede contrarrestar los daños de los mensajes trumpistas y de los movimientos de ultraderecha en contra de la calidad de la democracia en el país, cuya consecuencia violenta ya quedó expuesta en el asalto al Capitolio.

Las fiscalías trabajan en pararelo, pero sus investigaciones parecen converger hacia un mismo punto, que podría sentar en el banquillo a decenas de personas en distintos Estados. Una de las miradas está puesta sobre varios abogados afines a Trump que presumiblemente enviaron al menos tres equipos de informáticos a Georgia, Nevada y Detroit, en Michigan, con el fin de acceder a los discos duros y tabuladores de los equipos de votación y copiar datos confidenciales, según 'The Washington Post'. «El alcance de esto es alucinante», ha revelado uno de los letrados que defienden la integridad de las empresas fabricantes de los aparatos. Entre los nombres citados figura el de la abogada Sidney Powell, conocida teórica de la conspiración que el año pasado afrontó la demanda de uno de estos fabricantes, a cuyos técnicos acusó de «inyectar votos» para Biden horas después de que cerrasen los colegios electorales. Lejos de su antiguo posicionamiento, Powell reconoció después que la teoría del fraude era mentira. «Ninguna persona razonable lo hubiera creído», dijo.

Otro frente de interés procede de un reducido número de alguaciles constitucionales, un antiguo cuerpo creado para hacer cumplir los mandatos de los altos tribunales y cuya página web se ufana de afirmar que «se antepone incluso a los poderes del presidente». A este grupo pertenecen unos 300 sheriff y, de ellos, una treintena se consideran republicanos simpatizantes con Trump. Se han hecho conocidos durante la pandemia por su relajo a la hora de velar por la aplicación de las medidas contra el cornavirus dictadas por la Administración demócrata.

Ante el gran jurado

En una conferencia reciente, Calvin Hayden, uno de sus portavoces, aseguró que había recibido más de 200 denuncias de fraude electoral (todas ellas falsas). «He enviado a mis detectives. Tengo un experto en cibernética. Lo envié para empezar a evaluar lo que pasa con las máquinas», declaró Hayden ante sus compañeros. Entre quienes le escuchaban figuraba Dar Leaf, sheriff del condado de Barry (Michigan), y Chris Schmaling, del de Racine (Wisconsin), también citados. Las pesquisas, según el rotativo estadounidense, apuntan a que determinados alguaciles y otros empleados públicos lograron convencer a los funcionarios electorales de varios distritos para que les entregaran las máquinas. Luego inspeccionaban sus tabuladores en habitaciones de hotel o apartamentos turísticos alquilados y se las devolvían a sus custodios en centros comerciales y en aparcamientos.

Pero hoy es el día de Rudy Giuliani. Está citado a declarar ante el gran jurado en Fulton (Georgia) y es posible que invoque la Quinta Enmienda para no incriminarse. La fiscal, Fani T. Willis, es una experta penalista que no descarta convocar a Trump como testigo para comprobar si él y sus aliados llamaron a los funcionarios de Georgia con el fin de anular el resultado de los comicios.

Biden, la ley de Reducción de la Inflación y el reto de Liz Cheney

El presidente Joe Biden firmó ayer la Ley de Reducción de la Inflación que contempla la mayor inversión federal de la historia de EE UU -375.000 millones de dólares- para la lucha contra el cambio climático -de paso generará miles de empleos en energía verde-, la limitación de los precios de medicamentos como la insulina y las ayudas al pago de seguros de salud. El mandatario iniciará de inmediato una gira por el país para presentar su gran plan social, convencido de sus beneficios para mejorar la imagen presidencial ante las elecciones de noviembre y, posiblemente, las de 2024.

La Casa Blanca quiere que se hable más de esta ley y menos del éxito de los candidatos patrocinados por Donald Trump en las primarias republicanas. Hasta ahora, el trumpismo ha triunfado en una decena de comicios internos en lo que comienza a interpretarse como la «venganza» del expresidente contra los líderes republicanos que no le han apoyado en su denuncia del presunto «fraude electoral» ni en el caso del asalto al Capitolio.

El punto de interés anoche estaba centrado en Wyoming, donde Liz Cheney, vicepresidenta del panel del Congreso que investiga esta insurrección, se enfrenta a Harriet Hageman, la candidata afín al magnate. Cheney no ha podido celebrar actos públicos durante la campaña tras haber recibido amenazas de muerte y la mayoría de los análisis le dan como la perdedora de la noche. Sin embargo, cada vez crecen más las voces que dan por bueno que la republicana se presentará a las elecciones de 2024 por su cuenta tras el prestigio conseguido por su resistencia a Trump.