Los votantes valoran la honestidad de sus políticos por encima de todo

El primer ministro británico sigue insistiendo en que al votante medio le importa más que él «siga haciendo su trabajo» que las fiestas que protagonizó en Downing Street durante el confinamiento. Pero puede estar equivocado

Alan Renwick
ALAN RENWICK Professor of Democratic Politics, UCL

A medida que aumenta la presión sobre el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, los miembros de su partido están barajando distintas opciones. ¿Deben dejarlo caer o mantenerlo en el poder? Los que quieren que se vaya temen que el público no perdone la serie de supuestas fiestas celebradas en Downing Street mientras el resto del país vivía bajo estrictos confinamientos por la covid-19. Su enfado puede costar caro a los conservadores en las próximas elecciones. Los que dudan lo hacen porque Johnson era un activo electoral antes de este escándalo.

Nuestro equipo de investigación ha llevado a cabo un importante estudio sobre las actitudes de la ciudadanía ante la democracia en el Reino Unido que arroja nueva luz sobre lo que más importa a los votantes. Los últimos resultados de la encuesta a gran escala realizada el pasado verano sugieren que los diputados conservadores tienen razón al estar preocupados por las consecuencias del «partygate». La integridad es muy importante para los votantes. De hecho, se valora por encima de cualquier otra cualidad en un político.

Johnson maneja una estrategia muy característica: rechazar a los críticos diciendo que está centrado en responder a las preocupaciones de la gente. Cuando se le pregunta por cualquier comportamiento o incidente potencialmente cuestionable, insiste en que los ciudadanos se preocupan más por «conseguir el Brexit» que por cualquier otra cosa.

Sin embargo, nuestros resultados sugieren lo contrario. Cuando pedimos a los encuestados que «imaginaran que un futuro primer ministro tiene que elegir entre actuar con honestidad y llevar a cabo la política que la mayoría de la gente quiere», el 71 % eligió la honestidad y sólo el 16 % eligió la segunda opción. Cuando preguntamos si los encuestados estaban más de acuerdo con que «una democracia sana requiere que los políticos actúen siempre dentro de las normas» o con que «una democracia sana significa hacer las cosas, aunque eso requiera a veces que los políticos se salten las normas», el 75 % eligió lo primero y sólo el 6 % lo segundo.

En la pancarta de la protesta del Partygate se lee 'Nadie me lo dijo' ¿En serio? No hay zonas grises. / Acción policial AHORA'

Merece la pena subrayar que estos resultados son del verano, antes del asunto Owen Paterson y del «partygate». No son, en definitiva, reacciones instintivas a los titulares de prensa a corto plazo. La gran mayoría de los votantes espera que los políticos actúen con honestidad y sigan las reglas.

Limitaciones en la cima del poder

De nuestros resultados se desprende otra pauta menos obvia pero igualmente importante. Los votantes no quieren que el poder se concentre indebidamente en manos del primer ministro y su gobierno. Muchos están a favor de que el parlamento tenga más poder: el 45 % cree que los diputados deberían decidir lo que se debate en la Cámara de los Comunes, frente al 30 % que piensa que debería hacerlo el primer ministro o el gobierno.

Aún más claramente, y quizás sorprendentemente, la mayoría quiere que los jueces también limiten el poder de los ministros. Pedimos a los encuestados que «imaginaran que hay una disputa sobre si el gobierno tiene la autoridad legal para decidir un asunto particular por sí mismo o si necesita la aprobación del parlamento», y que consideraran cómo debería resolverse la disputa.

La mayoría (51 %) dijo que la controversia debería ser resuelta por los jueces y sólo el 27 % eligió a los ministros del gobierno o a los políticos del parlamento. También preguntamos si los jueces deberían intervenir en la resolución de si una nueva ley viola derechos. Dependiendo de los derechos por los que preguntáramos, entre el 65 % y el 77 % de los encuestados dijeron que los tribunales deberían tener sus actuales poderes en virtud de la Ley de Derechos Humanos o incluso que se les dieran mayores poderes para anular leyes directamente. Una gran mayoría también dijo que los funcionarios deberían ser «empleados gubernamentales neutrales y permanentes» en lugar de «nombrados por el gobierno de turno».

La razón de estas respuestas parece clara: la mayoría de la gente no confía en los políticos, y confía menos en los políticos más cercanos al poder. Por lo tanto, ven con buenos ojos que se pongan límites a lo que pueden hacer aquellos que ocupan puestos de responsabilidad.

Sea cual sea el desenlace de las actuales desavenencias en el Partido Conservador, los gobernantes deben tenerlo claro: los ciudadanos esperan que sus líderes actúen con integridad, y confían en que se mantenga un sistema de controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo. Un líder que viola estos principios se perjudica a sí mismo y mina la confianza en la democracia.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.