La familia del pescador colombiano asesinado en un ataque contra narcolanchas denuncia a Estados Unidos
Es la primera vez se presenta un recurso ante un organismo internacional por la campaña de Trump contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico
La familia del pescador colombiano asesinado en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe ha denunciado a Estados Unidos ante la ... Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la primera reclamación ante un organismo internacional desde que Washington inició en septiembre su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico y que ha causado al menos 82 víctimas.
El pasado 15 de septiembre, Alejandro Carranza, de 42 años, salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta y unos días después apareció muerto. «Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de barcos como el de Alejandro Carranza Medina y del asesinato de todas las personas que se encontraban en ellos», detalla la familia en la denuncia. «Donald Trump, ha apoyado la conducta de su secretario», agrega.
Dan Kovalik, abogado en EE UU del presidente de Colombia, Gustavo Petro, defiende también a los allegados de Carranza. Es letrado que ha presentado la denuncia ante la CIDH. En declaraciones a la agencia AFP, la viuda del pescador muerto, Katerine Hernández, asegura que su marido era un «muchacho de bien». La víctima deja cuatro hijos y su familia recibe ahora amenazas de grupos paramilitares. «No tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar», insiste Hernández.
Hay un testigo
«Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», señala la petición firmada por la esposa de Carranza. Según los denunciantes, hay un testigo del asesinato. Es un líder de una asociación de pescadores de Santa Marta que mantiene en secreto su identidad por miedo también a las «amenazas de paramilitares».
Petro, que ha prometido apoyo a la familia, califica todas estas muertes como «ejecuciones extrajudiciales», al igual que la ONU y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Washington ha retirado al país sudamericano la certificación como aliado en la lucha antidrogas.
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