Entra en vigor el alto el fuego acordado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN

El cese al fuego entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla es el más largo que se ha pactado en más de 30 años de negociaciones con el ELN, y será verificado por las Naciones Unidas y el Comité Nacional de Participación, una comisión integrada por 80 personas de una treintena de sectores de la sociedad, con el objetivo primordial de elaborar un programa que invite a la participación de la sociedad en el proceso.

«Sin la muerte, Colombia no daría señales de vida», manifestó en cierta ocasión uno de los escritores más importantes del siglo XX que ha tenido este país, R. H. Moreno Durán. No le faltaba razón. Las conversaciones de paz en el país históricamente siempre habían acabado en conversaciones de sangre. Con las FARC, el proceso de paz firmado en 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos se logró un giro importante.

Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas que tiene Colombia en su historia, ha tenido claro cuál es su más firme propósito, el que él se ha encargado de bautizar como la «paz total». Claro que negociar el cese del fuego con un grupo guerrillero que dejó de disparar por primera y única vez en 52 años en 2017 es una misión que no sólo exige buena intención sino también pactos difíciles de aceptar y de cumplir.

El Gobierno de Petro se comprometió a suspender las operaciones militares contra el ELN el pasado 6 de julio, después de establecer un pacto de un cese bilateral del fuego, y que entraría en vigor a partir del 3 de agosto y sería extendido durante 180 días. Era una fecha esperada por los colombianos porque se intenta tender la mano con una insurgencia radical que ha mantenido durante medio siglo una guerra despiadada e inútil.

Los precedentes no son como para saltar de alegría y llenar todas las maletas de ilusión. La mayoría de los acuerdos de paz intentados con el ELN ha resultado un fracaso. Sin una unidad de mando clara, sus aspiraciones son catalogadas de abstractas y quizás por ello nunca han logrado avanzar. Desde 1975 sus líderes han sido convocados a negociar con casi todos los gobiernos de Colombia. Desde Alfonso López Michelsen, en 1975, pasando por César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Álvaro Uribe, entre el 2005 y 2007, y también con Iván Duque, aunque este mandatario siempre estuvo muy en contra de una salida negociada al conflicto. Todas ellas no fructificaron porque alegaron intervenciones militares del Ejecutivo y no se sentaron en la mesa de diálogo, o porque en ningún momento ofrecieron garantías de un cese real del fuego y de los secuestros.

Incluso con Petro, y después de una primera reunión a finales del año pasado y principios de 2023, estuvieron a punto de romper el diálogo comenzado en México. La precipitación del presidente colombiano al anunciar que había llegado a un acuerdo por seis meses para un cese del fuego bilateral con el ELN resultó inaceptable para la guerrilla, que interpretó que se había violado el procedimiento de no hacer difusión pública de algo que no había sido consensuado: «Por tanto este decreto no compromete al ELN», comunicó el mando del grupo.

En esta ocasión, el proceso parece haber comenzado con buen pie. La noticia de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha extendido el mandato de la misión que opera en Colombia desde hace seis años para verificar el cese al fuego ha sido interpretada como toda una garantía de seriedad y compromiso internacional y de que serán aplicadas todas las experiencias que han dejado otros procesos como el que se llevó a cabo con las FARC. La ONU enviará 68 observadores más para llevar a cabo el mecanismo de monitoreo y verificación.

El objetivo es lograr que el cese al fuego se prolongue más allá de los seis meses, que no sea para extinguir a la guerrilla y que el cese de hostilidades sea por ambas partes. En este sentido, la agenda incluye fechas para continuar el diálogo hasta mayo del 2025. La cuarta fase de conversaciones entre Petro y mandos del ELN tendrá lugar el 14 de agosto, en Caracas.

Para el alto mando del ELN es imprescindible la participación de la sociedad en el proceso, ya que está convencido el grupo guerrillero que no es sólo una negociación entre con el Gobierno y que este proceso es todo un reto para Colombia.