Una ley turística que segrega al residente
La prohibición del uso residencial en suelo turístico es un volcán en plena erupción. El Plan General de San Bartolomé de Tirajana, que tramita el Gobierno canario, ha recibido 14.000 alegaciones y la Plataforma de Afectados por la Ley Turística amenaza con llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo.
La aprobación del Plan General de Ordenación Supletorio de San Bartolomé de Tirajana por parte el Gobierno de Canarias en agosto pasado encendió la mecha. Su adaptación a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y al decreto que aprueba el reglamento que desarrolla dicha ley ha puesto en pie de guerra a los propietarios de apartamentos y bungalós, quienes han visto en la normativa un intento de limitar sus derechos a la propiedad.
En ese escenario de confusión e incertidumbre nace la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, asociación sin ánimo de lucro y con más de 500 afiliados decidida a echar abajo el Plan General y las normas turísticas que lo sustentan.
"Las normas turísticas en Canarias han condenado al mayor de los ostracismos a los propietarios, estableciendo un régimen que afecta el derecho a la propiedad en zonas turísticas de más de 70.000 familias, con las que no se ha contado para absolutamente nada", afirman. La asociación asegura y así se lo ha hecho saber al Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, parlamentarios y grupos políticos, que si no se derogan las leyes turísticas "miles de propietarios no podrán usar sus inmuebles en suelo turístico como residencia, segunda residencia o inversión, tal y como ha sucedido en los últimos cuarenta años".
De momento tanto el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, como su homólogo del Cabildo, Antonio Morales y los representantes de los grupos parlamentarios, han escuchado las reivindicaciones. El primer resultado ha llegado en el anteproyecto de la Ley del Suelo, con una fórmula transitoria que compatibiliza uso turístico y residencial, y a expensas de que se cambie en 2017 la legislación turística.
"Nosotros seguiremos con nuestra hoja de ruta y con las asambleas previstas", señala el presidente de la plataforma, Blas Padrón, asegurando que desde que se apliquen los planes de Modernización y Mejora (decreto 85/2015) "iremos a los tribunales para que sea la vida judicial la que resuelva este problema". Y si no lo logran tienen previsto acudir a instancias superiores, en el Estado y en Europa.
La posición de la plataforma no empatiza con la de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. Su presidente, Tom Smulders, ha defendido el buen uso del suelo en la zona turística del Sur. "Debe defenderse en estos momentos la idoneidad del uso único del suelo, posición que es compartida por los fieles usuarios turísticos y sus touroperadores, y eso desde hace décadas", señala.
Para la plataforma "supone abandonar la propiedad para dejársela a ellos". "Nosotros pagamos los gastos y ellos se lleva la rentabilidad, así no", afirman.
