Rapapolvo del Consultivo a CC y PSC

La proposición de ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias no ha pasado el filtro del Consejo Consultivo, encargado de velar por el cumplimiento del marco jurídico y normativos.

A la vuelta de vacaciones, nacionalistas y socialistas tendrán que arremangarse para corregir varias cuestiones sobre las que ha alertado el órgano presidido por Carlos Millán.

El problema más serio es que el proyecto legislativo se enfrenta al Tribunal Constitucional.

Según afirma el ponente y exconsejero del Gobierno, Agusto Lorenzo, hay cuatro preceptos claramente inconstitucionales, algunos de los cuales se han incorporado a la última versión que ha tenido el texto.

Así, CC y PSC cometieron el error de hacer alusión en el artículo 2 a una sentencia del Constitucional para establecer los criterios de representatividad que tendrán las organizaciones empresariales y sindicales en las instituciones de la Comunidad Autónoma.

Lorenzo critica la confusión entre la función jurisdiccional «reservada al Tribunal como intérprete supremo de las normas constitucionales» con el ámbito puramente normativo de una ley.

También es inconstitucional otra de las novedades que incluyeron CC y PSC, la de darle rango de ley a los acuerdos suscritos entre empresarios, sindicatos y gobierno obligando a estar publicados en el Boletín Oficial de Canarias.

El Consultivo incide en que «esos acuerdos son fruto de los procedimientos de consulta, negociación y cooperación entre las autoridades y las organizaciones sindicales y patronales (...) pero no son fuente del Derecho y por ende, carecen de fuerza vinculante».

Por si fuera poco, la proposición de ley «vulnera» la ley que establece la estabilidad presupuestaria y el principio constitucional que la ampara. El propio Gobierno reconoce que la proposición de ley de participación institucional «supone un incremento del gasto público», a pesar de lo cual le dio el visto bueno.

De hecho, el artículo 11 establece que «la participación institucional conllevará la correspondiente compensación económica, la cual se establecerá en los presupuestos» autonómicos. Las «transferencias o subvenciones nominadas o directas» serán «distintas de las transferencias institucionales» que se dan a empresarios y sindicatos.