Pueblos costeros, en el patíbulo
La entrada en vigor del Reglamento General de la Ley de Costas abre una pequeña ventana a la esperanza de algunos núcleos costeros de Canarias amenazados con la demolición por estar a menos de 100 metros de la orilla del mar. Un total de 77 ayuntamientos esperan a que Medio Ambiente admita como urbanos medio centenar de pueblos del litoral.
El Reglamento General de la Ley de Costas entró en vigor el sábado 11 sin apenas ofrecer esperanza a los núcleos costeros de Canarias de mantenerse en pie. Sin embargo, la introducción de un pequeño matiz en lo que el Ministerio de Medio Ambiente admite como suelo urbano abre un resquicio a la salvación de algunos pueblos que llevaban años intentando demostrarlo. Se trata del suelo rústico de asentamiento rural que ahora permite considerara a sus pueblos como núcleos o áreas delimitadas.
Admite así la Ley de Costas que aquellos núcleos que cuenten con todos los servicios exigidos a una población para ser considerada urbana, aunque no tengan esta denominación, sean tratados como tal y, por tanto, permita la reducción de la zona de servidumbre de protección en estos pueblos costeros.
En esta situación estarían claramente los pueblos del Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, ahora afectados por la Ley de Costas: Igueste de San Andrés, Roque de Las Bodegas, Tachero y Almáciga.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife creen que la estimación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, asimilando asimilando a los núcleos tradicionales asentados en el medio rural al concepto de área urbana, «pone fin a la controversia jurídica» que se daba en estos núcleos poblacionales.
José Luis Langa, presidente de la Plataforma Canarias de Afectados por la Ley de Costas, llama sin embargo a la prudencia. Reconoce que el «matiz» que recoge el reglamento de la Ley de Costas es muy importante, pero advierte de que hay más de medio centenar de núcleos costeros que están pendientes aún de un informe que ha de emitir el Ministerio de Medio Ambiente reconociendo su consideración de población urbana consolidada.
En total fueron 77 los ayuntamientos de Canarias que remitieron al Ministerio la documentación que justificaría que sus núcleos costeros cumplen con todos los requisitos para ser considerados como urbanos. Sin el informe favorable de Costas siguen en igual situación.
