Pakistán retrasa de nuevo la ejecución de un preso esquizofrénico

Una corte paquistaní paralizó este jueves la ejecución de un preso con esquizofrenia prevista para la próxima semana ante la apelación de su defensa y a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca del ahorcamiento de otro condenado con problemas mentales. "El juez Shahid Hameed Dar afirmó que sería injusto no esperar a la decisión del Supremo en el caso de Imdad Ali (otro condenado esquizofrénico) para determinar cómo proceder en el caso de Khizar Hayat", indicó la ONG el Proyecto de Justicia de Pakistán (JPP) en un comunicado. Además, la defensa del sentenciado presentó una apelación cuya vista se ha fijado para el 30 de enero. Khizar Hayat, de 55 años, fue sentenciado a la horca en 2003 por el asesinato de un compañero del cuerpo de Policía y en 2008 fue diagnosticado con esquizofrenia en la prisión en la que está encerrado. Un comité de médicos del Instituto Mental del Punjab creado por un tribunal determinó en julio del año pasado que Hayat sufre esquizofrenia y psicosis, de acuerdo con la ONG. Según el JPP, que se hace cargo de su defensa, el preso no sabe por qué está en el corredor de la muerte, cuánto tiempo lleva entre rejas y además cree que las pastillas que toma son para la malaria. Cuando en 2015 se anunció la ejecución de Hayat, la ONU pidió que fuese paralizada y que Pakistán garantizara el acceso a sanidad a él y a otros presos con "incapacidades psicosociales". En octubre, el Supremo sentenció que la esquizofrenia no es una enfermedad mental permanente y no exime de la ejecución cuando revisaba la apelación del preso Imdad Ali, condenado la horca por el asesinato de un clérigo en 2002 y diagnosticado con ese mal. Ante las críticas, el máximo organismo judicial decidió revisar esa sentencia y crear un comité de cinco miembros que deberá establecer el actual estado mental de Ali, sin que todavía haya emitido un veredicto. El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, levantó a finales de 2014 la moratoria que pesaba sobre la pena de muerte para los casos de terrorismo al día siguiente del ataque talibán a una escuela en el que murieron 125 niños y meses después lo extendió al resto de los delitos. Desde entonces, 427 personas han sido ahorcadas, según la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, grupo que ha condenado las ejecuciones.

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