Entrevista

N. Lady Barretos: "No vamos a facilitar proyectos que hoy están prohibidos"

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha sido la encargada de elaborar, en su primer año de gestión, la nueva Ley del Suelo,  que ha generado un gran debate político, económico y social. después del fuego de La Palma, su empeño es mejorar la prevención.

—¿Cuál es la primera reflexión que se debe hacer después de lo  ocurrido en La Palma?
— Pues que  en materia de prevención queda mucho que hacer. Si se lograra una prevención efectiva -y aunque no vamos a tener los montes limpios al 100%-, estaríamos más preparados para la extinción de un incendio de forma más rápida y eficaz.
—¿Y qué es lo prioritario?
— Llevamos un tiempo planteando la necesidad de una Brigada de refuerzo contra los incendios forestales (Brif) canaria pensando en esa fase de prevención.
—¿Y cuando entraría en funcionamiento?
— Ya tenemos sobre la mesa el presupuesto para su creación durante seis meses, pero quiero plantear que el Gobierno cree un grupo de brigada forestal de la comunidad autónoma, porque ahora mismo la que tenemos es del Estado. El objetivo es atender las emergencias cuando ocurran, pero sobre todo prevenir y que en este cometido se impliquen no solo las administraciones, sino los ciudadanos en nuestro ámbito particular. La voluntad está, pero toca pelearlo en el presupuesto.
—¿De qué presupuesto y de qué efectivos estamos hablando?
—El presupuesto lo tenemos que negociar y se trata de una brigada con ámbito regional posicionada en las islas forestales. La idea es que entre en funcionamiento en 2017 y durante todo el año, porque la labor de prevención se debe llevar a cabo los doce meses y no sólo es tener los montes limpios, sino trabajar con los vecinos, conocer bien el terreno.... Para eso se tiene que dotar de material y ubicación, además de personal.
—¿Ya le ha planteado este asunto a los cabildos? ¿Qué opinan?
— Hay cabildos que ya lo están pidiendo y algunos, como La Gomera y El Hierro, han sido muy reivindicativos. Desde luego no van a decir que no a los recursos que la Comunidad pueda aportar en esta materia. Hay cabildos que por su entidad no cuentan con un servicio suficientemente dotado de personal y material para afrontar emergencias de este tipo y hacen necesaria la presencia de la Comunidad Autónoma. Otros, aunque están mejor dotados, también consideran que la colaboración debe existir.
—La Ley del Suelo ya está en el Parlamento y nace con los objetivos de simplificar la burocracia, activar la economía y crear empleo... Demasiadas expectativas.
— No. La ley nace por la necesidad de simplificar y racionalizar. Y el Gobierno ha dejado claro que hay ejes fundamentales, como ir a un sistema monofásico de aprobación de planes por cabildos y ayuntamientos, dar protagonismo al sector primario o que no se tocan ni los espacios naturales protegidos, además de que el debate sobre el turismo que se abrirá en otro momento. La ley no nace con el objetivo de que la normativa sobre el territorio siga igual, nunca nadie dijo que había que quedarse con lo que estaba. Pero había que ponerse de acuerdo en los cambios. A partir de ahí, nace un texto que cambia la relación del ciudadano con la administración porque se tiene claro hacia donde hay que ir, los tiempos están tasados, los planes generales tienen un plazo para ser aprobados, se suprimen trámites innecesarios, los informes tienen que ser claros... Esto cambia la relación de los ciudadanos con la administración porque todo el que esté esperando un trámite sabe que en un tiempo razonable tendrá respuestas. A partir de ahí, se destraban trámites y procedimientos porque las cosas quedan claras y mejoran especialmente para el sector primario.
—¿Se ha cuantificado cuantos proyectos, cuanta inversión puede destrabar la ley que estén bloqueados ahora mismo?
— Los proyectos pueden estar bloqueados por problemas ambientales en declaraciones de impacto o por no cumplir planeamientos generales o insulares  y eso tendrán que cumplirlo también con la nueva norma. La ley no va a facilitar proyectos que hoy están prohibidos. Lo que va a hacer es facilitar los trámites para hacer proyectos. Los que están prohibidos hoy, seguirán estando prohibidos cuando se apruebe la Ley del Suelo. Ahora bien, el procedimiento para sacar adelante un proyecto será más fácil cuando estén los planes generales aprobados.
—¿Ha puenteado el Gobierno el informe del Consejo Consultivo?
—El Consultivo emite informe favorable y hace observaciones a un proyecto complejo, denso y larguísimo. Hay aspectos del Consejo sobre técnica jurídica y normativa que se han incorporado. Incluso se han hecho observaciones que no son de contenido jurídico que en unos casos se han incorporado y en otros no. En cualquier caso, hay que partir de que si el Consejo Consultivo hubiera considerado que el proyecto de ley no era conforme a la legalidad, no hubiera emitido voto favorable o hubiera tenido votos particulares y no los hay.
—Uno de los aspectos más contestados de la ley hace referencia a los usos en suelo rústico. El Consultivo dice que los motivos son economicistas.
—Hoy día, en el suelo rústico ya están amparadas por la legalidad actuaciones que no son propias. Ya se desarrolla actividad turística, industrial, comercial... La ley lo que hace es regularlo de manera clara, definir los  usos y como se pueden desarrollar. El proyecto  regula de forma clara algo que ya existe.
—¿Hubiera preferido un apoyo cerrado del PSC? ¿Las críticas de un socio del Gobierno le resta peso a la ley?
—No se puede pensar que un texto tan complicado, tan denso y que regula algo tan fundamental como el territorio no va a recibir críticas. Otra cosa es que cuando nos hemos sentado, a todos los colectivos se les ha dicho que había que llegar a un punto común y ése es el proyecto de ley aprobado por en el Consejo de Gobierno por unanimidad. Es decir que el apoyo de las dos fuerzas políticas que se sientan en el Gobierno es claro. Ahora entramos en otra fase y los dos grupos negociarán las enmiendas que consideren.  
—¿Le preocupa que la ley pueda quedar edulcorada en el trámite parlamentario?
—El Parlamento es soberano para aprobar la ley que crea que debe aprobar. Sin embargo, me gustaría que no se modificara el eje central de la ley. Hemos  luchado desde septiembre y el Gobierno ha defendido que el texto que quería aprobar era éste, que ha salido adelante con las aportaciones de muchos colectivos. Vamos a seguir defendiendo este texto, aunque es mejorable.
—¿Qué considera inamovible?
—Lo que hemos defendido como sus principios fundamentales: necesidad de un procedimiento monofásico en la tramitación de los planes; dar protagonismo al sector primario y regular el suelo rústico con el sector primario;  no tocar los espacios naturales protegidos y el principio de que todo suelo no clasificado pasa a ser rústico. En este sentido, la ley establece mecanismos para que el suelo urbanizable no construido y que no se desarrolle en un tiempo determinado pase a ser rústico. Si cambian estos principios, cambia el sentido del texto.
—¿Está dispuesta a aprobar la ley con el PP y ASG y sin el apoyo del Partido Socialista?
—Habrá que esperar al trámite parlamentario y cuando llegue el momento se verán los posicionamientos. Yo no soy parlamentaria, toca a otros la responsabilidad de defender el texto, mejorarlo, y tener un debate productivo. Se aprobará como se tenga que aprobar.
—¿Tiene previsto hacer cambios en su Consejería?
—Corresponde al presidente tomar esa decisión.