Los abogados disuaden a Rivero de denunciar a Madrid por prevaricación

La Dirección General de los Servicios Jurídicos estudiaron el informe que el Gobierno encargó al penalista José Antonio Martín Pallín, para ver las posibilidades de denunciar la existencia de un delito de prevaricación en la resolución firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente y que dio lugar a la evaluación del impacto medioambiental de las prospecciones petrolíferas.

Sin embargo, oficialmente no existe respuesta. En realidad los Servicios Jurídicos no han llegado a plasmar sus conclusiones en un documento. Por eso ayer, el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, contestó que «el informe se está estudiando».

Según fuentes vinculadas directamente a la Presidencia del Ejecutivo, lo que hubo fue una comunicación «verbal» de la directora general al presidente Paulino Rivero, disuadiéndole de emprender «cuantas acciones legales y responsabilidades penales» contra «quienes han participado en el expediente».

Después de leer concienzudamente el informe de Martín Pallín, los letrados del Gobierno tienen dudas acerca de la posibilidad real de que una denuncia por prevaricación, como la que fundamenta el estudio del penalista, llegue a prosperar.

El propio exmagistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremoadvierte que «en muchas ocasiones, este tipo de comportamientos -en alusión a la posible prevaricación- encuentran la sanción en el ámbito contencioso-administrativo, sin alcanzar la esfera de lo penal, que sanciona supuestos límites en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal sino además injusta y arbitraria».

Al mismo tiempo, José Antonio Martín Pallín añade que «en el caso de que se opte por utilizar la vía penal, advertimos que la querella o denuncia basta con que esté apoyada por indicios racionales de criminalidad para que pasara el trámite de admisión y se iniciar la fase de diligencias de investigación».