Las pistas que volaron a México
Antonio F. de la Gándara
Lunes, 5 de diciembre 2011, 10:11
La brigada de policía judicial llegó en febrero de 2008 a la conclusión de que el periodista Jorge Bethencourt era el «testaferro» de Miguel Zerolo en negocios que éste mantendría en Cuba (tabaco), Brasil (inversiones hoteleras), República Dominicana (inmobiliarias) Nicaragua (tabaco), Venezuela (Isla Margarita; inmobiliarias), Colombia, Cabo Verde y Senegal.
La brigada informa el 22 de febrero a la juez Bellini de que los anónimos han relacionado los negocios de Bethencourt como «testaferro» de Zerolo con el exvicepresidente del Gobierno canario Julio Bonis, retirado de la política desde 2003 y dedicado a la actividad empresarial..
Los agentes inspeccionan el tráfico de llamadas de Bethencourt y localizan varias a México, una a la sucursal del BBVA. Un enlace policial se reúne con representantes del banco, quienes, dice el informe, «aportaron datos de Jorge Bethencourt y Julio Bonis». Ambos tiene cuentas allí, detallan.
La policía detecta llamadas desde el móvil de Bethencourt al teléfono fijo en Las Palmas de la sociedad Juandro S.L., de la que es titular Julio Bonis, y encuentran también un total de 92 llamadas de móvil de Jorge Bethencourt a Bonis.
También certifican que el 23 de noviembre de 2006 ambos se hallaban alojados en el Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid (el mismo en el que, según la policía, se alojó Miguel Zerolo con su hijo en 2005 durante tres días con cargo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), donde, aseveran, Bethencourt se jacta ante los empleados de que «posee negocios en Cuba y en la República Dominicana».
Julio Bonis declara ante Bellini como testigo el 7 de abril de 2009. Dice que desde que dejó la política en 2003 «puede que haya visto una vez» a Zerolo. Reconoce que tiene una relación «relativamente fluida» con Bethencourt «debido a la intención de don Jorge de realizar o intentar realizar actividades empresariales en México», y apunta que su colaboración había cristalizado en que el periodista le habría hecho un vídeo promocional para sus empresas por el que habría cobrado un total de 58.000 euros «aproximadamente».
A día de hoy, esta investigación está provisionalmente archivada, pues de momento no ha aportado pruebas de cohecho.
