Las claves. El 'caso eólico' paso a paso

10/02/2006

Una denuncia de un director comercial despedido, un ramillete de nombres muy conocidos en la sociedad grancanaria, un concurso que despertó el interés de decenas de grandes inversores... Todo eso se da cita en la compleja trama eólica. La Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 7 y la Fiscalía Anticorrupción llevan varios meses de investigación, un trabajo en el que han sido fundamentales las escuchas telefónicas realizadas con autorización judicial. A continuación, CANARIAS7 hace un detallado relato cronológico del caso y de aspectos que hasta la fecha no habían sido revelados a la opinión pública.

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1. El 28 de octubre de 2004, el Boletín Oficial de Canarias recoge la orden del 14 de octubre de ese mismo año por la que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias convoca «concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares». La Consejería está dirigida por Luis Soria, miembro del Partido Popular y hermano del presidente regional de esta formación, José Manuel Soria. El expediente del concurso fue tramitado, como recoge la orden, por la Dirección General de Industria, con Celso Perdomo, también del PP, al frente.

2. El concurso tenía precedente un decreto aprobado por Julio Bonis, anterior consejero de Presidencia e Industria en la legislatura precedente. Bonis quiso sacar el concurso al final del mandato presidido por Román Rodríguez pero Coalición Canaria optó finalmente por demorarlo. Bonis sí aprobó el decreto que daba pie a la convocatoria del concurso. En diciembre de 2005, el Tribunal Superior anuló el decreto por defecto de forma y a las 24 horas el Gobierno dijo que convocaría otro concurso. Inició para ello el expediente de revisión de oficio.


3. El concurso despertó gran interés en el empresariado canario, ayuntamientos y cabildos. La rentabilidad estaba asegurada, según los estudios técnicos, a los dos años de realizada la inversión.

4. En marzo de 2005, Alberto Andrés Santana Ramírez presenta ante la Policía Nacional una denuncia por «presunta corrupción y asociación mafiosa». En su escrito, señala a José Miguel Suárez Gil, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Celso Perdomo, director general de Industria, y Wilebaldo Luis Yanes, empresario, como artífices de una «operación maquinada para el reparto de las comisiones, a políticos y colaboradores, desde la oficina del director general de Industria y Energías, dependiente del consejero de Industria del Gobierno de Canarias, don Luis Soria». El denunciante señala al grupo empresarial Gesco como receptor de ese presunto trato de favor, al tiempo que le atribuye como objetivo el siguiente: «Corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos persiguiendo un único objetivo, el lucro personal de unos pocos mediante el fraude y la corrupción en contra de los intereses de nuestra sociedad». Alberto Santana fue, hasta poco antes de presentar la denuncia, director comercial de Siemenca, empresa de Wilebaldo Luis Yanes y que Santana sitúa como parte de ese entramado empresarial llamado Gesco.


5. Alberto Santana aporta como pruebas correos electrónicos supuestamente enviados por Celso Perdomo a Yanes y otros empresarios con indicaciones sobre los detalles del concurso previos a su convocatoria, borradores de las bases y listado de personas con las que contactar para acudir al concurso en condiciones favorables.


6. En mayo de 2005, el pacto de gobierno regional entre Coalición Canaria y el Partido Popular se rompe. Luis Soria y Celso Perdomo dejan la Consejería. Marisa Tejedor (Coalición Canaria) sustituye a Luis Soria.A instancias del Partido Socialista, Tejedor inicia una investigación administrativa sobre el concurso y en noviembre remite al Parlamento sus conclusiones. Según la Consejería, desde el punto de vista administrativo no se detectó irregularidad alguna.


7. La denuncia, en manos de la Policía, llega al fiscal Anticorrupción, Luis del Ríos, y al Juzgado de Instrucción número 7, con Miguel Ángel Parramón al frente. Comienza así una investigación policial bajo supervisión judicial que incluye el pinchazo de varios teléfonos de algunos de los denunciados y de otras personas supuestamente vinculadas a la trama.


8. En el transcurso de esa investigación, la Policía capta conversaciones de Wilebaldo Luis Yanes en relación con una presunta mediación en favor de un supuesto narcotraficante que ha de ser juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la que forma parte José Antonio Martín, presidente de la citada Audiencia. Según publicó el pasado mes de enero el periódico El País, un hijo de José Antonio Martín es socio de Wilebaldo Luis Yanes en empresas que, a su vez, aparecen en el listado de las sociedades que a última hora entran en el censo para las elecciones de la Cámara de Comercio y que en eseproceso electoral podrían inclinarla balanza a favor del hoy presidente, José Miguel Suárez Gil.


9. Dado el aforamiento de que goza José Antonio Martín y Martín por su condición de presidente de la Audiencia Provincial, el juez Parramón remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificación de las investigaciones relacionadas con el presidente de la Audiencia. El Consejo General del Poder Judicial abre una investigación y Martín y Martín es apartado de sus funciones.


10. ¿Qué averigua la Policía en relación con la trama eólica en las escuchas y las investigaciones efectuadas? En esas conversaciones, la Policía detecta que, efectivamente, desde la Dirección General de Industria se ha ofrecido supuesta información privilegiada sobre los detalles del concurso. Asimismo, uno de los investigados y que ayer fue detenido, Enrique Guzmán -representante de una Generaciones Especiales I, SL, empresa que concurrió con doce proyectos- comenta por teléfono que ya se ha efectuado un pago en una cuenta bancaria en Luxemburgo a nombre de Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo y pareja sentimental de Celso Perdomo. Generaciones Especiales I es una sociedad limitada participada por Hidrocantábrico, una de las grandes compañías nacionales del negocio energético. Luxemburgo goza de opacidad bancaria. La Policía entiende que se debe averiguar el motivo de ese ingreso bancario.


11. Alfredo Briganti aparece en la investigación policial como otra persona que supuestamente recibe información previa sobre los aspectos del concurso.


12. En las conversaciones grabadas por la Policía se habla también de que Celso Perdomo y otras personas de su confianza influirán en los técnicos que evaluarán los proyectos para asegurar una buena puntuación a algunos de los concurrentes. Es en ese aspecto donde aparece el nombre de Honorato López, que supuestamente estaba al tanto de todos los aspectos relativos al concurso.


13.  A mitad de enero, la Policía entiende que la investigación ha llegado al extremo en que procede pedir a la autoridad judicial la emisión de órdenes de detención y de registros domiciliarios.


Las pistas, paso a paso


Luxemburgo. Este periódico adelantó el 27 de enero presunto pago de comisiones.

Hidrocantábrico. El sábado 28, CANARIAS7 desvela conexión con Hidrocantábrico.

Detenciones. El 29 de enero, CANARIAS7 apunta las posibles detenciones.