La ciudad debe 5 millones por el pleito del Salto del Negro
G.H.M./ J.Q.
Sábado, 5 de marzo 2016, 00:00
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no paga las facturas del complejo ambiental del Salto del Negro desde 2014. El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, apuntó este viernes que la deuda acumulada «ronda los 5 millones de euros», en parte por el pleito sobre la tasa insular impuesta por el Cabildo.
La disputa entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de la isla por el uso del complejo medioambiental del Salto del Negro está lejos de sellarse. La capital grancanaria mantiene desde 2014 una actitud de «rebeldía», según la expresión usada ayer por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, que tiene su origen en los desacuerdos sobre la tasa que el Cabildo impone a todos los municipios de la isla. La capital no ha pagado «ninguna factura por el uso del Salto del Negro» desde octubre de 2014, según reconoció ayer el primer edil, que ejerce también como responsable de Hacienda de la corporación. En total, la deuda alcanza a unos 5 millones de euros, de los cuales al menos 2 millones se corresponden al pleito por la tasa aplicada entre octubre de 2014 y mayo de 2015, el periodo que según Hidalgo se vería afectado por la anulación judicial de la ordenanza que regula los precios por el uso del complejo.
El alcalde interpreta que la sentencia que anuló la ordenanza insular, dictada en abril de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sólo es aplicable a la primera de las tarifas impuestas por el Cabildo, «porque las dos de años posteriores no se recurrieron y por tanto, tienen plena vigencia», al margen de que incluyan o no los costes de inversión que la justicia considera ilegal. Hidalgo y los responsables de Medio Ambiente del Cabildo, coincidieron ayer en que ese cargo «se corrigió» tanto en las tarifas de 2014 como en las de 2015. La Sala de lo Contencioso considera que la legislación vigente «no permite incluir los costes de inversión nueva» entre los conceptos que permiten fijar el precio de cada tonelada de basuras que se deposita en el complejo ambiental.
El Ayuntamiento capitalino fue el único que recurrió en 2013 la primera ordenanza, y al darle la razón los tribunales, aún no ha abonado los 2 millones de euros referidos, «están pendientes de informes jurídicos», matizó ayer el alcalde. Los otros 3 millones de euros se corresponden a «la facturas posteriores hasta ahora, que están en discusión por otros motivos, como el exceso de las cuantías o porque se cargan a la ciudad los gastos realizados por otros municipios, son diferencias contables que tenemos que discutir», apuntó Hidalgo.
A pesar de todo, el alcalde sostiene que el convenio que debe regular la relación entre ambas instituciones en el recinto, completado pero sin firmarse desde hace un año, se resolverá «pronto» y con criterios «políticos».