La 'avanzadilla' de la Ley del Suelo, denunciada ante la UE
La Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible advierte que la modificación de la ley turística de las islas verdes, contra la que ayer presentó denuncia ante la UE, es solo la avanzadilla de la Ley del Suelo impulsada por el Gobierno autónomo "para cargarse todas las normas medioambientales". Como "una estrategia orquestada" por los poderes económicos y el Gobierno autónomo para lograr la "liberación total de la gestión del territorio e imponer la arbitrariedad" definió ayer Gustavo Santana, secretario general de UGT de Canarias, el paquete normativo integrado por la denominada ley de las islas verdes, aprobada en septiembre, la Ley del Suelo que ahora está en trámite en el Parlamento regional y la Ley Turística de Canarias. "Se promueve un modelo obsoleto basado en la construcción y el turismo masivo que rompe la coherencia territorial, social y económica de las Islas", asegura. Santana y otros seis representantes de la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible entregaron ayer 500 denuncias ciudadanas contra la ley turística de La Palma, La Gomera y El Hierro, en la Oficina de la Unión Europea en Madrid, para que las autoridades europeas verifiquen las "numerosas infracciones al derecho comunitario" de la norma y requieran al Gobierno de España, como responsable último, que corrija la situación. Pero además de presentar la denuncia contra la normativa que afecta a las islas occidentales, los miembros de la plataforma hicieron hincapié en los riesgos del modelo turístico que la futura Ley del Suelo va a extender a todo el Archipiélago. "En contra de lo mantiene el Gobierno, no favorece la creación de puestos de trabajo y menos su calidad", señaló Santana, "con este modelo cuando termine el ciclo económico expansivo puede haber una caída del empleo hasta los niveles del año 2012", añadió. En la misma línea se expresó Antonio Pérez, secretario de CCOO en Gran Canaria, para quien la regulación turística de las islas verdes es solo un ensayo de la Ley del Suelo para imponer un modelo desarrollista que "no se va a quedar solo en Canarias", sino que se exportará a otras autonomías en la que primen los mismos intereses políticos y económicos para "desregular todas las normas que equilibran el territorio". n Biodiversidad. El representante de las cinco organizaciones ecologistas integradas en la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible, Julio Barea, advirtió que la nueva normativa es un "serio peligro" para la biodiversidad de las Islas. "Es una amenaza comparable a la de las prospecciones de petróleo", aseguró, "pero entonces el Gobierno canario estaba en contra y ahora apoya algo de similar calado". n Sostenibilidad. Por la isla de La Palma, Javier Rodríguez denunció el modelo de crecimiento rápido "basado en la cultura del ladrillo y del empleo precario". Puntualizó que no están en contra del turismo, pero "queremos un turismo rural, sostenible, respetuoso, alternativo al desarrollismo, diversificado e inteligente". Denunció asimismo la falta de consenso social en la ley turística de las islas verdes n Masificiación. El consejero de Sí se Puede en el Cabildo de La Gomera, Rubén Martínez, insistió en que la reforma de la ley turística de las islas occidentales se tramitó sin diálogo previo y advirtió de que su aplicación "puede acabar con la singularidad y los espacios únicos" si se introduce un turismo basado en la masificación y no en una oferta diferenciada "que es lo que buscan quienes nos visitan". n El profesor de la Universidad de La Laguna y redactor de la denuncia contra la ley turística de las islas verdes, Santiago Pérez, señaló ayer en la rueda de prensa que la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible ofreció en Madrid que recurrir a las instituciones europeas es "el primer paso" para frenar la "ilegalidad" que supone la aplicación de la normativa ya aprobada y que a su juicio va a tener continuidad en la Ley del Suelo. "La reforma de la normativa turística de las islas occidentales no es más que un anticipo de la ofensiva en toda regla contra el principio de desarrollo sostenible que supone la Ley del Suelo", expuso, "que tira por tierra la legislación canaria de las dos últimas décadas para imponer un modelo de desarrollo desbocado y destructor de los recursos naturales no renovables, que son el principal atractivo de la oferta turística canaria", añadió. Pérez recalcó que estas reformas legales introducen nuevas figuras jurídicas "para poder construir y derogar leyes medioambientales ya existentes y otorgar discrecionalidad y arbitrariedad a las instituciones". En este sentido, insistió en que la ley denunciada ante la UE permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos y no puede ser recurrida por los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, motivo por el que se recurre la UE para que "verifique la vulneración" de los derechos medioambientales y de tutela jurídica.
