La juez del caso Unión abre juicio a 14 personas por los sobornos de Arrecife

20/07/2015

La juez instructora del "caso Unión" ha decidido hoy abrir juicio oral por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación y fraude, entre otros, contra 14 personas en una de las principales piezas de esta trama, la que investiga el cobro de comisiones en Ayuntamiento de Arrecife.

La Fiscalía Anticorrupción acusa en este procedimiento al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, de haber creado un entramado que, entre 2007 y 2009, desvió en beneficio de su partido y del suyo particular fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife a base de exigir sobornos a los empresarios que pretendían contratar con el Consistorio o, simplemente, cobrar las deudas que este tenía pendientes con ellos.

La acusación pública sostiene que el hecho de Martín estuviera otra condena por corrupción en la cárcel de Tahiche lo le supuso obstáculo alguno para dirigir esa trama, gracias a la influencia que conservaba sobre buena parte de los cargos públicos del PIL.

Por esos hechos, el fiscal imputa a Dimas Martín delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude, malversación en concurso con prevaricación y falsedad, información privilegiada y falsedad y pide para él 17 años y medio de cárcel y 409.000 euros de multa.

Anticorrupción sostiene que el expresidente del Cabildo de Lanzarote contaba con colaboración de varias personas que seguían sus instrucciones en esa operativa comisiones ilegales, entre ellas el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la ciudad, Ubaldo Becerra; el edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez; y el administrador de la campaña electoral del PIL, Matías Curbelo.

La acusación pública mantiene que los concejales de Urbanismo y Hacienda se prevalían de sus cargos públicos para "exigir un peaje a modo de norma o gravamen" a los empresarios que conseguían obras del Ayuntamiento de Arrecife, lo que les llevó a "adjudicar en cascada multitud de contratos" al margen completamente de la ley, "a dedo".

De esa manera, añade, lograron implantar en el Ayuntamiento "un tejido clientelar cuya seña de identidad era la cadena de favores corruptos" y que funcionaba con tal eficacia, que "los empresarios que no pagaban comisiones no volvían a obtener contrato alguno con la Administración local".

El Ministerio Público denuncia que los principales procesados se valieron de la colaboración de destacados empleados del Ayuntamiento: la jefa de Contratación, María Elena Martín, hija de Dimas Martín; el interventor municipal en aquellos años, Carlos Francisco Saenz Medero; y el ingeniero jefe de la oficina técnica del Consistorio, Juan Rafael Arrocha, así como de otro concejal, Antonio Jerónimo Machín, de Parques y Jardines.

En el auto de apertura de juicio, la juez fija fianzas de responsabilidad civil a los procesados, para intentar asegurarse de que hagan frente a las multas e indemnizaciones si son condenados.

A Dimas Martín le exige 718.653 euros de fianza; a Ubaldo Becerra, 608.777 euros; a José Miguel Rodríguez, 467.319 euros; a Antonio Jerónimo Machín, 505.876 euros; y a Carlos Saenz Melero, 129.876 euros.

Por el contrario, el juez sobresee todas las actuaciones respecto de la imputada María Luisa Blanco Carballo, contra la que finalmente no se han presentado acusaciones.