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EFE
Martes, 16 de abril 2013, 08:19
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha avanzado este lunes que "en una próxima reforma legislativa se cambiará la denominación de imputado por encausado".
Gallardón ha hecho este anuncio durante su intervención en un foro del diario La Razón sobre las reformas en la Justicia.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sustituye el término imputado por el de "encausado", que se aplicará al que esté incurso en una investigación penal, para evitar así la connotación peyorativa que tiene el "imputado" en la sociedad.
Gallardón ha subrayado que no confía en que este cambio de denominación jurídica "vaya a cambiar mucho las cosas", algo que si que hará "la limitación en los períodos de investigación".
Según el ministro, el problema actual es que esa condición de imputado "acompaña durante un largo trecho de su vida a esos ciudadanos, mientras se van redactando estos juicios paralelos"
"Eso tiene que acabar", ha manifestado Gallardón.
Preguntado por los escraches, el responsable de Justicia ha señalado que los políticos están acostumbrados a trabajar y vivir con la crítica, pero siempre que no vaya acompañada de violencia.
"Nada de esto tiene que ver lo que sucede en este momento con los acosadores", ha mencionado el ministro, al citar los escraches que se produjeron frente al domicilio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
Gallardón ha tildado el escrache como una práctica "profundamente antidemocrática", al argumentar que una minoría no puede pretender que se pueda condicionar al legislador en contra de la mayoría que lo ha situado en el Parlamento, "ni siquiera por evitar los desahucios".
Y ha agregado que la respuesta del Gobierno se basará en tramitar las denuncias presentadas y establecer los sistemas de protección correspondientes, en relación al perímetro de seguridad que la Policía fijará en cada caso que se produzca un escrache.
Al acto en La Razón han asistido, entre otros, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la ministra de Sanidad, Ana Mato, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
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