Eugenio Reyes: "La Ley del Suelo está destinada a los fondos buitre"
Batalla desde la plataforma Canarias, territorio sostenible por tumbar la idea estrella del Ejecutivo de Fernando Clavijo. Un proyecto que, expone, no solo no creará empleo sino forzará a los ayuntamientos a ser cómplices del uso especulativo del territorio en las islas.
¿Por qué define a la Ley del Suelo como un golpe de Estado? Porque había un estado jurídico con más de ocho leyes y directrices sobre sostenibilidad, territorio o espacios naturales. Y todo eso desaparece y se reduce a una sola ley que se llama Ley del Suelo. Cuando nuestro Parlamento y nuestro Estatuto de Autonomía nos manda a la gestión del territorio, que es mucho más que el suelo. Es biodiversidad, naturaleza, cultura o patrimonio histórico. Por lo tanto, transformar la ordenación del territorio, que es como se llamaba el marco jurídico hasta ahora, a una simple ley del suelo, es volver al prefranquismo. Durante el franquismo no había esa cultura de ordenación del territorio. Es un golpe de estado porque desaparece ese elemento de la democracia que es la ordenación del territorio. Citan mucho al aspecto jurídico, ¿cómo quedaría limitado? Lo fundamental es que se pierde el recurso estratégico de Canarias, que no es el suelo. Es el territorio. Son los valores intrínsecos que tiene el suelo, etnográficos, culturales, paisajísticos. Es volver al siglo XIX. Trae desprotección y anarquía, porque cada proyecto es en sí mismo soberano. Ya no es solo que las competencias sean de cada ayuntamiento y no de la comunidad autónoma, que renuncia a ordenar el territorio, es que también los propios alcaldes y concejales se van a ver vendidos ante proyectos que se van a tener que tragar o tendrán que indemnizar. Es poner a los ruedas de los carros a los propios municipios. ¿Le llama la atención el empeño del Gobierno en sacarla adelante? Todo el mundo lo sabe. Y el ejemplo lo tenemos con la ley avanzadilla de la isla de La Palma, con un anexo de unos 20 proyectos que sacar adelante y punto. Sobre todo proyectos de fondos buitre, con el acceso a La Palma de capital mafioso ruso vinculado al petróleo. Capital especulativo que va a entrar en África y necesitan unos sitios de residencia especial en el sur de Tenerife. Está hecho para legalizar unos proyectos muy específicos. Es una ley para los amigos. ¿Nace viciada por la falta de consenso político? Esta es otra característica de un golpe de Estado. Es que hasta ahora, todas las leyes de Canarias y su tradición jurídica se habían hecho por consenso, por unanimidad. Se habían puesto de acuerdo todos los partidos, porque en el territorio tenemos que caber todos, no solo los empresarios. Con este golpe también se expulsa del teatro social al resto de actores que tienen que ver con el territorio. ¿Cómo cree que se van a desarrollar los acontecimientos sobre la ley en el plazo corto? Ahora mismo está en fase parlamentaria, pero con un informe del consejo consultivo muy potente detectando las debilidades jurídicas y las irregularidades, como el hecho de que contradice leyes de calado estatal. Como la Ley del Suelo Rústico, que deja claro que el terreno rústico es solo para ese uso, cuando la que quiere el Gobierno propone actividades no propias de ese tipo de terreno. Espero que, al menos, en el trámite parlamentario se puedan corregir ese tipo de situaciones tan graves. Y, especialmente, el modelo de ciudades sostenibles, en el que no plantea mejorar barrios hacinados y sus accesos. Y lo peor, que las licencias turísticas no caducan nunca. Que eso es algo claramente destinado a los fondos buitre. Pone en peligro actividades modelos en el aspecto turístico. ¿Y cree que saldrá modificada de la Cámara? Lo razonable hubiera sido que la retiraran. Sobre todo por el informe contundente del consejo consultivo. Dicen que creará empleo... Que pongan los datos sobre la mesa. Y que digan cuánto empleo y en qué sitios. El ejemplo lo tenemos en La Palma. Tiene la Ley de Islas Occidentales para crear empleo y el efecto ha sido el contrario, lo ha destruido. La Palma, al igual que El Hierro o La Gomera, han perdido población a pesar de contar desde hace ocho años con una ley que les permite hacer lo que quieran. Está claro que lo que permite que la población se estabilice es que haya un mercado razonablemente equilibrado con opciones ponderadas para todos los sectores. No para uno solo. Porque los pelotazos urbanísticos como el de La Palma no han servido para nada. Allí no va nadie ni hay infraestructuras. Como en proyectos de Fuerteventura y Lanzarote.
