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Hace 10 años o incluso menos, pocas personas, por no decir casi ninguna, se habrían detenido a discutir a propósito de si los cargos públicos, por el hecho de serlo, tienen derecho a coche oficial, pases VIP del aeropuerto o a sentarse en palcos de estadios, teatros o auditorios. En cambio, sólo hace quince días que la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, y los concejales de Ahora Madrid renunciaron a este tipo de prebendas en la capital de España y cuantificaron estos privilegios en 350.000 euros. No se trata, dijeron, de que el Ayuntamiento madrileño ahorre, puesto que no lo pagaba directamente -obviamos las subvenciones públicas a instituciones deportivas o culturales- sino de «gestos». Se renuncia al privilegio de la «cultura gratis» y también a la exhibición pública de poder que, simbólicamente, otorga un asiento en el Santiago Bernabeu, la plaza de La Ventas o La Caja Mágica. «No son necesarios ejemplos, por ser evidentes, sobre la actual caída del espíritu de igualdad», escribía en Contra la ética de la verdad Gustavo Zagrebelsky hace cinco años. «Se trata incluso de una inversión total: la admiración ocupa el puesto del desprecio hacia los privilegiados, ejemplos que imitar en el modo de pensar y en el estilo de vida. Hay un lugar de culto social que expresa el auténtico espíritu de nuestro tiempo: el estadio. Fijémonos en la estratificación del público. A la tribuna vulgarmente denominada VIP, donde se sientan los prominentes hombres de la política, finanzas, mundanidad, se dirigen los ojos de decenas de miles de potenciales clientes que, en lugar de advertir la indecencia de la situación, harán todo por ser admitidos en ese club», añade el que fuera presidente del tribunal constitucional italiano. Quizás algunos, incluso muchos, sigan hoy, como dice Zagrebelsky, envidiando esos privilegios. Para otros, por el contrario, se trata de comportamientos reprobables por la ventaja material de la que disponen quienes se definen como servidores públicos. Advertir esa «indecencia» supone, en palabras del filósofo alemán Jürgen Habermas, la «lingüistización de lo sacro», es decir, la posibilidad de debatir y discutir sobre dicho tema porque el disfrute de estas prebendas se ha cuestionado y el político ha perdido la antigua aureola sacra que lo rodeaba. ¿Les parece a nuestros representantes públicos lo que han hecho en Madrid un buen ejemplo de qué hacer con las «entradas de protocolo»? De momento, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, rechaza la propuesta. «Las utilizaré [las entradas gratis] siempre que me correspondan por mi cargo», respondió en una conversación pública en Twitter (@amoralesmendez). Según Morales, acudirá «en representación de la institución» porque cuando va por su gusto, explicó, se lo «paga». Cuestionado sobre la relación que había entre ser presidente del Cabildo y sentarse en el palco de la UD Las Palmas, o utilizar los palcos del Cuyás o Pérez Galdós, entre otros, Morales insistió en su «condición» de presidente: «Cuando voy al fútbol, ahora ya que antes no iba, voy a presidir un palco en mi condición de presidente», añadió. Miguel Montero, portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria y miembro del equipo de Gobierno de Morales, conformado por Nueva Canarias, PSOE y Podemos, afirmó, sin embargo, que los consejeros de la nueva formación sí renuncian a la entradas gratuitas y los palcos. «Son cosas pequeñas, pero significativas», dijo Montero. Podemos obró en consecuencia en el partido de fútbol en el que ascendió la UD Las Palmas a Primera: ninguno de sus consejeros estaba en el llamado «palco de autoridades». Los clubes de fútbol, escribía en el diario Expansión Antonio Mª Fernández en agosto de 2010, saben que los palcos presidenciales «y sus aledaños son el lugar idóneo para relacionarse con los más altos cargos políticos». Así, continuaba el periodista, «acceder a estos asientos no sólo supone ver los partidos junto a numerosas personalidades, sino que permite, además, poder relacionarse con ellas en zonas comunes como el antepalco». Pero, más allá de las hipotéticas relaciones o baños de masas, el acceso gratuito de cargos públicos a todo tipo de eventos y espectáculos representa un incremento de renta personal no declarada, tal vez incluso tributable a efectos de IRPF, mientras que para el ciudadano de a pie supone un desembolso económico. Los macroconciertos organizados en el Estadio de Gran Canaria son ejemplos de ello. En el de Sting, decenas de caras conocidas del PSOE, que entonces gobernaba en el Ayuntamiento (Saavedra) y en el Cabildo (José Miguel Pérez), acudieron a este multitudinario recital con pases gratuitos. En 2012, a los dos meses de que el PP ganara en ambas instituciones (Cardona y Bravo de Laguna), se celebró en el mismo recinto el concierto de Bruce Springsteen (a 80 euros de media la entrada). Esta vez, las decenas de caras conocidas eran del Partido Popular. En ambos casos, las entradas de «protocolo» superaron el medio millar. Los convenios entre patrocinadores y promotores de espectáculos suelen incluir la entrega de entradas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el patrocinador es una institución pública? La práctica se mantiene, pero quienes disfrutan de estos pases VIP son los cargos públicos e, incluso, sus familiares, amigos o conocidos de última hora. En otras ocasiones, sin embargo, «donan» los pases a ONGs, colectivos desfavorecidos o asociaciones sin ánimo de lucro. El equipo de Cardona, por ejemplo, entregó las entradas de sus palcos al Materno cuando había espectáculos infantiles. Pero no se sabe que hayan hecho lo mismo con los eventos deportivos de alto nivel. Tal vez a los niños enfermos no les gusta el fútbol. Es posible que en el Cabildo de Gran Canaria sean los consejeros de Podemos los primeros en implantar esta práctica. Montero explicó que se han dado cuenta de que renunciar a las entradas solo significa que éstas se repartan entre otros miembros de la Corporación, por lo que su grupo está pensando en retirarlas, pero para entregarlas a distintas organizaciones cívicas. Podemos en el Parlamento de Canarias también ha renunciado a estos privilegios. «Vamos a rechazar todo lo que no sea mera representación institucional», señaló el diputado regional Juan Márquez. «Los actos festivos o culturales», dijo, «no son actos políticos». Para Podemos, coincidieron Montero y Márquez, aceptar entradas gratuitas hace que los políticos «se desconecten de la realidad». Las cuentas les dan la razón. Si hiciéramos una agenda de actividades en un mes normal, cualquier consejero grancanario o concejal capitalino puede acudir de forma gratuita a dos conciertos sinfónicos y a dos obras teatrales. Puede que coincida con la temporada de ópera, así que también accedería a ella gratis. Si añadimos el fútbol y el baloncesto, podría, además, acudir a cuatro partidos. Si se suma esta improvisada agenda con precios «populares», puede suponer entre 200 y 250 euros mensuales, cifra que se elevaría bastante si tenemos en cuenta que se sientan en los palcos y no en los respectivos gallineros. A muchos, además, esta práctica les parece tan poco «estética como ética». Quizás por eso el equipo del nuevo alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, está ahora «pensando» qué hacer con los palcos de los que dispone el Ayuntamiento. Su socio de gobierno, Las Palmas Puede, sin embargo, asegura que sus concejales solo van a acudir a actos institucionales. ¿Significará esto que se ha parado la caída del espíritu de igualdad al que aludía Zagrebelsky? Acabar con estas prácticas sería un paso en el largo camino que aún le queda por recorrer a esta joven democracia. Las filas reservadas en primera línea para las autoridades separan como con un cuchillo al ciudadano común del elegido, sea electo, cargo de confianza o amistad de turno. Es una práctica habitual en el Festival de Teatro y Danza o en los Carnavales. El ex alcalde Cardona impuso el pago de estas localidades, aunque mantuvo la valla de separación. La misma que dividía el pasado 21 de junio por la noche el espacio que ocupaban los ciudadanos en la Plaza de España del alcalde, algunos concejales y los jugadores de la UD Las Palmas. Si son nuevos tiempos para la política, deberían ser también nuevos tiempos para la ciudadanía.
CIFRAS. Cabildo y Ayuntamiento disponen de palcos en el Galdós (30 localidades), Cuyás (22 localidades) y Auditorio (18 localidades). Estas butacas nunca se venden, aunque el espectáculo que acojan estos espacios no sea de programación propia. Así, ACO, por ejemplo, podría lograr 3.000 euros por función (36.000 en la temporada) si pudiera vender estas localidades. Cifra, por tanto, que se podría ahorrar al contribuyente en subvenciones.
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