El respaldo a la ley turística abre otra brecha en el PSOE
El PSOE vuelve a evidenciar fisuras en Canarias, con la Ley Turística como nuevo frente de una relación tortuosa en su estructura interna. Tres diputados se ausentaron de su votación el pasado martes, con la sensación de que el resto de sus compañeros estaba vulnerando la posición oficial.
Dolores Corujo, Gustavo Matos y Gabriel Corujo abandonaron su sillón cuando la Ley Turística para las Islas Verdes iba a ser votada. El resultado fue su aprobación, con la oposición de Podemos y Nueva Canarias, y el silencio de estas tres figuras del PSOE. La primera de ellas, presidenta del grupo parlamentario y secretaria general de la organización en Lanzarote. La división nace de otros conflictos, presentes en la vida del partido y con la próxima elección para la secretaría general como meta. Quienes discrepan de la colaboración del PSOE con Coalición Canaria en esta votación hablan de una maniobra maquiavélica, que tiene al portavoz Iñaki Lavandera como artífice. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que este, junto al palmero Manuel Marcos, cerraron el acuerdo con los nacionalistas en un encuentro secreto, cuya información fue vetada al resto del grupo parlamentario. «En esa reunión, que cercenó cualquier debate interno, se aprobaron unas enmiendas que en consonancia con la Ley del Suelo, permiten la construcción de 30 hoteles y 18 campos de golf. En una situación que va en contra de nuestro planteamiento como grupo parlamentario, la posición oficial del partido y, hasta de nuestro programa electoral», exponían este miércoles miembros de la formación progresista. «Con esta decisión se ha apoyado a Coalición Canaria a cometer un fraude parlamentario, como bien dijo en el pleno la gente de Nueva Canarias. Una situación que claramente se resolverá en la Justicia. Ya que incluso se hizo sin tener en cuenta al consejo consultivo», añaden. Por otro lado, los tres diputados que decidieron ausentarse no temen ninguna represalia por parte de la organización porque aseguran que antes de tomar la decisión consultaron cuál era la postura oficial de la secretaría general del partido, y que esta dejó claro que la visión entre bambalinas era contraria a la aprobación de la ley.
