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El pleito del canódromo bloquea las licencias

El pleito del canódromo bloquea las licencias

G.H.M./J.D.

Jueves, 1 de enero 1970

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El alcalde no está obligado a dar las licencias de construcción de las torres del Canódromo. De hecho, no puede hacerlo. Los grupos de la oposición coincidieron ayer en recordar a Juan José Cardona que la sentencia del Supremo no afecta a los permisos de obra, que quedan pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La lectura que hace el alcalde, Juan José Cardona, de la sentencia del Tribunal Supremo no convence a los grupos de la oposición. Todos los partidos con representación municipal arremetieron ayer contra el regidor popular por las declaraciones en las que decía que tendría que conceder la licencia de construcción a Realia si la empresa llegara a pedirla y en las que también defendió la vigencia del Plan Especial que daba cobertura a la polémica operación urbanística.

Así, el concejal socialista Fernando Navarro recordó que la anulación de la licencia se decidió en un procedimiento distinto al que anuló el Plan Especial del Canódromo. Por tanto, «no se puede vincular la vida de una licencia ya anulada con la vigencia del Plan, sobre el que tiene que recaer una nueva sentencia».

En relación al Plan Especial, Navarro señala que «el Tribunal Supremo solo anuló la sentencia del TSJC, y le dijo a éste que volviese a pronunciarse. Lo que no hizo el Tribunal Supremo fue anular la sentencia y dictar nueva resolución sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que vuelva a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del Plan Especial, sin que haya que proceder, pues, a ejecutar acción alguna al respecto».

Suspensión. Además, recalcó que el procedimiento de aprobación de la adaptación plena del Plan General de Ordenación deja en suspenso las licencias afectadas por el cambio de planeamiento hasta la aprobación del Plan General.

También la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, le recordó que «la sentencia del Tribunal Supremo es bien claro y dice que no entra en el fondo del asunto, con lo que nada ha cambiado: hay una resolución que paraliza la construcción de las torres y otra que ratifica la nulidad de la licencia de construcción».

Para Barrios, resulta igualmente insoportable que se ataque a los vecinos y se presuma de que sólo las decisiones del Ayuntamiento son el interés general. «No debe atacar a los vecinos a los que los jueces les han dado siempre la razón», aseguró la presidenta de Compromiso, «ni el Papa habla ya como Cardona». En estas palabras también se vio apoyada por el edil Fernando Navarro, quien recordó al regidor del PP que «el interés general no se puede situar fuera de la legalidad».

Prudencia. Barrios añadió luego que «ese interés general -en alusión al del alcalde- me resulta de difícil comprensión porque esta operación no beneficiaba en nada a los ciudadanos».

Desde Nueva Canarias también se hizo hincapié en la posición del alcalde respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. «Llama la atención la prudencia de Realia y la imprudencia del alcalde», expuso el concejal Pedro Quevedo, quien advirtió de que cualquier decisión que no espere al fallo del TSJC podrá tener repercusiones cuantiosas sobre las arcas municipales. «Se podría engordar el problema», sentenció.

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