El pacto rechaza parar el concurso de ayuda a domicilio
La Junta de Gobierno de la Ciudad tiene previsto desestimar hoy la petición de la empresa Ralons de suspender el procedimiento de contratación del servicio de ayuda a domicilio. La actual adjudicataria entendía que la oferta ganadora, Clece, había ofertado servicios de modo desproporcionado. La Junta de Gobierno de la Ciudad respaldará hoy una propuesta de acuerdo del alcalde, Augusto Hidalgo, y del concejal de Cohesión Social, Jacinto Quevedo, por la que se considera «inadmisible» la petición de la empresa Ralons de suspender el procedimiento de contratación del servicio de ayuda a domicilio. La actual adjudicataria presentó hace un mes su petición de paralización de la adjudicación por entender que la empresa que resultó ganadora del concurso, Clece, había presentado una oferta desproporcionada en los apartados de mejoras, tanto en limpieza de choque como de prestaciones de podología, que resultaba imposible de cumplir. Su oferta supera los límites de la prestación real del servicio, al menos con los niveles conocidos hasta ahora. Así, la oferta de Clece permite prestar 694 limpiezas de choque al mes (4.166,67 horas mensuales), cuando en 2015, se realizaron un total de 65 intervenciones de este tipo con un total de 334,5 horas empleadas en todo el año. Y algo parecido ocurre con la oferta de podología. En la motivación del acuerdo, se especifica que «la suspensión solamente cabe respecto a un acto administrativo, y hasta la fecha no se ha producido ningún acto administrativo susceptible de que pueda ser suspendido (...) puesto que el acto administrativo es eminentemente ejecutivo». En otras palabras, que no se puede paralizar el procedimiento de contratación porque la adjudicación no es firme, tan solo cuenta con la propuesta de la Mesa de Contratación -un órgano de asistencia-, pero no con la decisión del órgano de contratación, que es la Junta de Gobierno. Por tanto, como no hay decisión en firme de la Junta de Gobierno, no existe el acto administrativo. Y como consecuencia de ello, «no hay efectos, y por tanto, nada que se pueda suspender». En este sentido, se abunda diciendo que «la suspensión que se solicita no es viable porque no existe».
