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El grupo de gobierno propondrá a los tribunales un plan de pagos que contempla abonar en 8 años 30,12 millones de euros que se adeudan por expropiaciones que ya cuentan con sentencia judicial firme. La alcaldesa Carmen Hernández subrayó este lunes que se cumplirá «sin recortar servicios ni subir impuestos».
El plan de pagos, que fue aprobado este lunes en una Junta de Gobierno urgente y extraordinaria, será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) antes del viernes, en cumplimiento de una agenda que ha sido también previamente pactada con el TSJC. Si el alto tribunal, después de escuchar a los afectados o demandantes, acepta el plan de pagos, el gobierno anuncia que lo llevará a Pleno porque afectará a dos mandatos y porque «es necesario el compromiso de toda la Corporación para cumplirlo».
La cuantía que se abonará asciende a 30.128.268 euros, que se pagará a razón de 4 millones de euros al año de 2016 a 2023 para hacer frente a 21 expedientes de expropiaciones, tres de ellos para abonar solo intereses. La propuesta la hace la jefa de Expropiaciones y viene avalada por un informe del equipo de Economía y Hacienda firmado por la tesorera y la interventora.
La Junta acordó ayer abonar el primer año las tres sentencias con deuda inferior a 100.000 euros y, a partir de ahí, distribuir los 4 millones anuales en razón de dos criterios, antigüedad y proporcionalidad de la deuda. La alcaldesa subrayó ayer que para cumplir este plan no se recortarán servicios, «ni habrá planes de ajuste ni aumento de la fiscalidad», sino que se pagará con fondos propios mediante un «estricto control del gasto».
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