

Secciones
Servicios
Destacamos
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias que ordenó sin éxito que se recurriera en el juzgado el plan especial del Canódromo en el año 2004 (Fernando González), dos concejales de la oposición municipal que expresaron su rechazo al precio fijado en la permuta en marzo de 2002 (Marino Alduán por CC y Rosario Chesa por el PGC), las dos personas que intervinieron como representantes de la propiedad interesada en la venta (Pilar Gallego Moreno y María de las Flores Díaz Pulido), y el arquitecto que les asesoró (José Bernárdez Montero). Y con ellos, la directora municipal de Urbanismo que documentó los trabajos de la comisión municipal de investigación que revisó el caso en el mandato pasado, Antonia Garía Carló. El juez que investiga la vía penal del caso del Canódromo dio ayer una nueva vuelta de tuerca al expediente, al citar a declarar como testigos a siete personas que por diferentes motivos participaron de la operación o del proceso que concretó la permuta entre los años 2000 y 2004.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.