El Gobierno niega que tenga que pagar por la moratoria

La consejera de Hacienda aseguró varias veces ante el Pleno del Parlamento que «el Gobierno no adeuda absolutamente nada» a los promotores turísticos que reclaman al Ejecutivo una indemnización de 1.000 millones por la moratoria. Sin embargo, Rosa Dávila no aclaró cómo va a impedir esos derechos indemnizatorios.

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

El Tribunal Supremo, que falló favorablemente a los empresarios que demandaron al Gobierno autonómico al verse afectados por la moratoria turística, «no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir las compensaciones millonarias, sólo que se tramiten los expedientes que fueron objeto de silencio administrativo», puntualizó la consejera de Hacienda del Gobierno autonómico.

Rosa Dávila fue interpelada por el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, motivado por las declaraciones que hizo la consejera a principios de este mes, declaraciones que se reprodujeron casi íntegramente en el Pleno del Parlamento celebrado ayer.

La interpretación de las sentencias condenatorias que hizo Dávila le llevó a aclarar que «el Gobierno no adeuda absolutamente nada», y se conjuró para «discutir hasta el último céntimo en la defensa del interés general».

Ahora bien, por mucho que lo intentaron el portavoz de NC y el diputado del Partido Popular (PP), Miguel Jorge Blanco, la consejera no aclaró cómo va a evitar los derechos indemnizatorios requeridos por los empresarios afectados y que alcanzan 1.000 millones de euros.

«¿Qué ha hecho el Gobierno desde que el Supremo dictó la sentencia?», preguntó Rodríguez. Dávila lo que acertó a decir es que «hemos firmado y enviado un escrito a los juzgados indicándoles que vamos a acatar las sentencias y vamos a tramitar los expedientes siempre con el objetivo de defender el interés general», insistió.

La consejera añadió que se tendrá que iniciar de oficio la desclasificación de los suelos afectados y sólo si procediera, compensar a los promotores. Después, «se analizará caso por caso si existe la obligación de indemnizar, puntualizó.

Román Rodríguez criticó al Gobierno por no haber gestionado el asunto «de forma debida» ya que, afirmó, «no se han revisado todavía los 45 expedientes» con derecho indemnizatorio. Dávila aclaró que, de los 54 expedientes incoados tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, son 37 los que el Gobierno debe reiniciar el procedimiento.

Miguel Jorge defendió el derecho de los empresarios afectados a reclamar las indemnizaciones y auguró que «habrá que pagar y mucho». Lamentó que el Gobierno aún no se haya puesto a trabajar.