El Gobierno denunciará penalmente al Ministerio de Industria
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, anunció que iniciará «acciones legales y penales» contra el Ministerio de Industria nada más conocer el informe que desestima explorar la posibilidad de encontrar petróleo en el mar de Levante. Aseveró que el resultado es un «claro abuso».
Poco tiempo le hizo falta a Paulino Rivero para recordar que él ya adelantó el resultado del informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que desaconseja llevar a cabo trabajos de exploración petrolífera en el Mediterráneo. «Dije que se estaba cocinando a fuego lento una declaración de impacto medioambiental negativa en Baleares y Valencia», apuntó para aseverar después que refleja una «clara situación de abuso, discriminación y arbitrariedad».
Por eso, «he dado instrucciones a los Servicios Jurídicos para que, en caso de que lo necesiten cuenten con apoyo externo, y emprender cuantas acciones legales y responsabilidades penales den lugar contra todos los funcionarios y autoridades que han participado en el expediente», declaró.
El presidente justificó el apoyo de un «penalista de gran prestigio, exfiscal y miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» porque la Comunidad Autónoma «no dispone de este perfil». También negó que los Servicios Jurídicos advirtieran dudas a la hora de montar con fundamento la denuncia; «los Servicios Jurídicos coinciden plenamente en que la situación es claramente discriminatoria», subrayó.
Rivero, tras considerar «anecdótica» la necesidad de contar con un servicio jurídico externo, se centró en la «arbitrariedad» con la que, afirmó, se hacen los informes en el Ministerio de Industria, a pesar de el subsecretario de esta rama, Enrique Hernández Bento, asegurara que los expedientes no son iguales.
El jefe del Ejecutivo dejó precisamente para los letrados el contenido concreto de la denuncia así como la instancia judicial ante la que la llevará. Eso sí, remarcó la «rotunda y contundente arbitrariedad» que está castigada tanto en la Constitución Española como en el Código Penal.
Rivero detalló en un escrito entregado a la prensa las «diferencias de criterio» que pueden constituir la pista sobre las acciones legales y penales que prepara. «Invocación de principios y objetivos legales» es una ya que «en Baleares han sido prácticamente suficientes para informar desfavorablemente».
Los «efectos de eventuales accidentes» en cuanto a que «en Baleares se realiza un estudio completo sobre los efectos de la campaña sísmica».
Por otro lado, mientras que para Baleares «el informe comienza cuestionando la alternativa cero del estudio de impacto ambiental realizado por el promotor, en Canarias no se cuestiona, a pesar de que Repsol prácticamente no lo contempla».
Además, «los efectos sobre la fauna marina en Baleares se consideran de una magnitud suficiente para desaconsejar el proyecto y en Canarias se minimizan». Y por último, en el primer caso se invoca la Ley de Protección del Medio Marino y en Canarias no.
