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El fuego de 2007, extrajudicial

Jueves, 17 de diciembre 2015, 09:50

Las partes incluidas en el juicio que decidirá quiénes son los responsables del mayor incendio forestal vivido en Gran Canaria, el del verano de 2007, intentan cerrar un acuerdo extrajudicial para el pago de los daños. El responsable confeso del fuego es insolvente y tanto el Cabildo como Gesplan serían responsables civiles subsidiarios.

El macrojuicio por el incendio forestal intencionado declarado en Gran Canaria el 27 de julio de 2007, provocado por un vigilante del dispositivo de lucha contra el fuego, podría reducirse a la mera fijación de la condena que se impondrá al autor confeso del fuego si las partes implicadas alcanzan un acuerdo extrajudicial en ciernes sobre el pago de los daños.

Pendiente de la elección del tribunal del jurado que resolverá sobre la inocencia o culpabilidad del vigilante Juan Antonio Navarro Armas, contratado por Gesplan para una encomienda de gestión del Cabildo, el juicio en el que se han personado unos 160 particulares y en torno a una vientena de compañías de seguros continúa pendiente de celebración en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Cabildo y Gobierno de Canarias negocian desde hace meses con los afectados la consecución de un acuerdo extrajudicial para el pago de los daños declarados por un incendio que obligó a evacuar a más de 4.500 personas de sus casas y estuvo descontrolado durante cinco días.

El consejero de Presidencia del Cabildo, Pedro Justo, desveló este miércoles que el importe de los daños reclamados a la corporación insular por todos los denunciantes y conceptos asciende a 75 millones de euros. Se reduciría a 40 si Cabildo y Gobierno canario saldan sus respectivas denuncias y a la mitad de esa cifra si aseguradoras y particulares aceptan una quita del 50 % para evitar que sea el juez quien fije el valor de las indemnizaciones. Aceptando ser también los responsables civiles subsidiarios del desastre, las arcas insulares y las de Gesplan se verían obligadas a desembolsar 10 millones en cada caso para resolver los pagos.

Las partes han tenido ya dos reuniones y están citadas a una tercera a mediados de enero. De no llegarse a un acuerdo, la celebración del juicio tendría lugar a finales de 2016.

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