El fiscal aprecia delito en la charla de Alba con Ramírez
A.F.G./EFE
Jueves, 19 de mayo 2016, 01:00
La maquinaria penal se puso este miércoles en marcha ante el Albagate con el informe del fiscal que entiende que el magistrado pudo cometer un delito de negociación prohibida a los funcionarios públicos al reunirse con el empresario Miguel Ángel Ramírez y pactar con él lo que iba a declarar contra Victoria Rosell y Carlos Sosa.
La Fiscalía provincial de Las Palmas aprecia en principio y «sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica» indicios de «al menos» la comisión de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por parte del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa en la conversación que mantuvo en su despacho el 16 de marzo pasado con el empresario Miguel Ángel Ramírez sobre sus relaciones comerciales con la pareja de la magistrada Victoria Rosell.
En consecuencia, la acusación pública solicita a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, que traslade al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la pieza separada que formó después de que el pasado miércoles Ramírez aportara una grabación de esa conversación con el magistrado Alba. La puieza podría remitirse hoy mismo a la Sala de lo Penal. La grabación controvertida, podría sugerir que Alba dirigió el testimonio que una semana más tarde, el 23 de marzo, prestó ante él Ramírez oficialmente, para perjudicar a Victoria Rosell entonces diputada de Podemos y facilitar la admisión de la querella que había interpuesto contra ella el exministro Soria ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC es la instancia competente para investigar los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados de la comunidad autónoma, y está igualmente pendiente de recibir la querella de Soria contra Alba ante la pérdida de aforamiento nacional, al menos de momento, de Rosell. Vallejo, que sustituyó a Alba en el Juzgado de Instrucción número 8 del que era titular Victoria Rosell, había solicitado a la Fiscalía que informara sobre si consideraba que el magistrado cometió o no algún tipo de delito en sus indagaciones a su antecesora en ese órgano.
Sustituto. Alba sustituyó a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria durante los meses que esta fue diputada de Podemos en el Congreso por Las Palmas y se encargó de redactar el informe que solicitó el Tribunal Supremo respecto a su desempeño profesional en la causa por fraude fiscal que se sigue contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
En ese informe, adjuntó una declaración de Ramírez en la que este reconocía que desde hace varios años había financiado algunos de los negocios de comunicación dirigidos por el periodista Carlos Sosa, pareja de la juez Rosell, quien inició la investigación del empresario en 2014.
Esa declaración de Ramírez sirvió de base, junto con otros indicios aportados por Alba, para que el Supremo aceptase la querella presentada contra la diputada de Podemos por el exministro José Manuel Soria (PP) y que finalmente admitió con relación a posibles delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un procedimiento.
