El Estado paga la expropiación por la Biblioteca de San Telmo

La expropiación de los derechos de los vecinos del edificio San Telmo, a los que el Tribunal Supremo les dio la razón en sendas sentencias de 2010 y 2014, que obligaban al derribo de la biblioteca, requiere su declaración -la de la expropiación- como de utilidad pública e interés social.

Para ello, el grupo parlamentario popular en el Senado ha impulsado una enmienda a los presupuestos generales del Estado que deberá aprobar el Congreso de los Diputados.

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, explicó ayer que la medida no se podrá aplicar hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado, algo que previsiblemente ocurrirá en la segunda mitad de octubre.

Una vez pasado este trámite, el Estado podrá iniciar la expropiación de los derechos con el fin de evitar el derribo de la biblioteca. Así, al pagar a los vecinos un justiprecio por sus derechos a que se tire la biblioteca, se lograría evitar la orden de derribo que pesa sobre el inmueble.

«La solución es un alivio para todos», explicó Bento, «existía un consenso institucional y social en contra del derribo». En su opinión, con esta vía «se es respetuoso con la sentencia» pero se evita el «sinsentido» de tener que derribar la biblioteca cuando la norma actual permite volver a erigirla en el mismo lugar.

Esta propuesta supone que el Estado se hará cargo de los costes de la expropiación, algo que considera el texto de la enmienda como un «sacrificio proporcionado» ya que la expropiación «se limita a los vecinos que hubieran experimentado alguna merma de valor» en sus casas.

Sin embargo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, aseguró que esta medida es sólo la segunda opción en caso de que fracase la línea de trabajo que se ha emprendido con la secretaría de Estado de Cultura. «Hemos acordado con el Gobierno una hoja de ruta que tiene que ver con que no se derribe la biblioteca y al mismo tiempo no tenga efectos indemnizatorios».

Aunque el primer edil no quiso entrar en detalles de esta vía de trabajo, sí adelantó que se trata de un expediente «excepcionalísimo por parte del Estado para no tener que indemnizar y hacer valer el bien interés cultural, que es la biblioteca, sobre el interés urbanístico».