El Consultivo vapulea la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

Para el Gobierno que lo ha reformulado, la modificación del Estatuto de Autonomía apenas ha cambiado respecto del intento en aprobarlo en el año 2006. Sin embargo, para el Consejo Consultivo, sí.

El órgano cuyos consejeros son nombrados por el Ejecutivo, fustiga en su dictamen gran parte del texto promovido por el presidente Paulino Rivero. Más de una veintena de artículos presentan indicios de clara inconstitucionalidad o están en riesgo de caer en ella si no se modifican. Entre estos figuran algunos que tocan los temas que han llevado al Estatuto a ser reformado: la ampliación de competencias y el reconocimiento expreso como región ultraperiférica.

En parte algunos preceptos son cuestionados por haber emulado la reforma catalana. «Si bien la disposición estatutaria de Cataluña ciertamente puede servir de guía, como así ha sido, no puede dejar de observarse que una reproducción literal de los preceptos del Estatuto de Cataluña no es buena técnica normativa», critica.

Ello se traduce, por ejemplo, en las múltiples enmiendas que realiza el consejo en el Título IV, que regula el «Poder Judicial y de la Administración de Justicia en Canarias».

Esta parte ya fue revisada a fondo por el propio Gobierno a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reforma catalana. Pero al Consultivo no le termina de convencer la redacción final. Son bastantes los artículos que están en riesgo de poder ser declarados inconstitucionales.

Además de la vertiente estrictamente jurídica, el consejo entra en la política de forma inédita aunque lo niegue. En la página 8 del dictamen, recuerda que «una propuesta de nueva organización política de la sociedad, con pretensión de futuro en permanencia y estabilidad, debería contar con el consenso del mayor número de grupos de la Cámara (...). No ha sido así y se trata de un hecho que no se puede ocultar ni prever sus consecuencias», advierte.

Además, el órgano que preside Carlos Millán señala que a nivel nacional existe una «fuerte tensión política de origen territorial que está obligando a que algunas fuerzas políticas modulen su discurso sobre la organización territorial del Estado, y se apunte incluso, por alguna, la conveniencia y hasta la necesidad de modificar profundamente la Constitución».