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El CGPJ abre expediente a Rosell

Antonio F. de la Gándara

Jueves, 1 de enero 1970

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El Consejo General del Poder judicial abre expediente disciplinario a la juez Victoria Rosell. El expediente se abre por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de los procedimientos judiciales.

El expediente tiene su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de abril remitió al CGPJ un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un abogado.

Ese letrado denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

Este procedimiento disciplinario es distinto al que el CGPJ archivó en febrero de este año, en el que se reprochaba a Victoria Rosell no haberse abstenido de continuar con la causa por fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez por tener un posible interés personal en ella, algo que el órgano de gobierno de los jueces no consideró probado.

El comunicado dice así:

El Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado hoy la incoación de un expediente disciplinario a la magistrada Victoria Rosell por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El expediente tiene su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de abril remitió al Consejo General del Poder Judicial un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un abogado en el que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

La Fiscalía del alto tribunal, tras analizar la denuncia, no apreció elementos de entidad jurídico penal suficientes para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si de la misma pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.

Tras estudiar el contenido de la denuncia, recabar informe del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y practicar otras diligencias, el Promotor de la Acción Disciplinaria concluye que la juez Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.

En un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, la juez Rosell acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales.

La recusación fue finalmente resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia de Las Palmas, que la rechazó y que tres días después devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.

El Promotor de la Acción Disciplinaria señala en su acuerdo que entre los días 6 de noviembre de 2013 fecha en la que la juez inadmitió la recusación- y 14 de mayo de 2015 fecha en la que la Audiencia devolvió las actuaciones al Juzgado- “la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas”.

Esa intervención se produjo “concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014”, añade el Promotor.

La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.

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